Área de Derecho Administrativo
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La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón ha organizado un programa de actividades para conmemorar, a lo largo del mes de diciembre, el cuadragésimo aniversario de la Constitución española. Entre estas actividades, el profesor de la UCLM Pablo Meix Cereceda impartirá el día 18 de diciembre una conferencia sobre «La educación en la Constitución».
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La profesora de la UCLM Carmen Plaza Martín ha publicado en la prestigiosa revista European Public Law un artículo sobre la respuesta del Tribunal Constitucional al separatismo en Cataluña (Plaza, Carmen: Catalonia’s Secession Process at the Constitutional Court: A Never-Ending Story?, Volume 24, Issue 3/2018. Wolters Kluwer).
El miércoles 16 de mayo la Facultad de Derecho de Albacete acogerá un seminario dedicado a presentar y debatir sobre el libro «Constitucionalismo mestizo. Más allá del colonialismo de los derechos humanos». La ponencia principal correrá a cargo del autor del libro, el profesor Salvatore Bonfiglio (ordinario de Derecho Público Comparado en la Universidad de Roma Tre), e intervendrá asimismo el doctor Claudio Di Maio, de la Universidad de la Calabria.
La versión original del libro fue publicada en 2016 en italiano (Ed. Giappichelli) y la traducción española en 2017 (Ed. Tirant lo blanch).
Claudio Di Maio es autor de la recensión de la versión española publicada en la Revista de Estudios Políticos (texto aquí).
La sesión comenzará a las 12 y se extenderá previsiblemente hasta las 14 horas.
El jueves 26 de octubre de 2017, los profesores Juana Morcillo Moreno y Pablo Meix Cereceda impartirán sendas ponencias en un seminario sobre Le autonomie territoriali nella giurisprudenza costituzionale spagnola en el Curso de Justicia Constitucional a cargo del profesor Roberto Nania, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sapienza (Roma).
El pasado 5 de diciembre, la profesora Juana Morcillo Moreno fue invitada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Abogados a pronunciar la conferencia de clausura del Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimiento en la ciudad de San Francisco de Macorís. La conferencia, dedicada a “Las Bases Constitucionales del Derecho Administrativo: Una Visión Comparada de la Constitución Dominicana”, fue parte de un acto presidido por el Magistrado del TC Víctor Gómez Borges en el que también intervinieron Carmen Santiago, directora del Centro UASD de San Francisco de Macorís, y Sixto Gabin, presidente de la seccional de la provincia Duarte del Colegio Dominicano de Abogados.
L. Arroyo Jiménez, Empatía Constitucional. Derecho de la Unión Europea y Constitución Española, Marcial Pons, 2016.
El Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno son sistemas jurídicos abiertos. Cada uno de ellos incorpora elementos procedentes del otro a través de sus propios dispositivos de comunicación intersistemática. Los Tribunales encargados de diseñar esas interfaces deben afrontar esa tarea con la necesaria consideración de las exigencias institucionales propias, pero también de las ajenas. En esta obra se desarrolla esta idea a propósito de tres de las cuestiones sobre las que gira la más reciente evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional: las relaciones entre los sistemas europeo y nacional de protección de los derechos fundamentales, la relevancia constitucional interna de la aplicación incorrecta del Derecho de la Unión y, en fin, el papel que este último puede jugar a la hora de justificar y apreciar la especial trascendencia constitucional de los recursos de amparo.
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Dolores Utrilla Fernández-Bermejo, Expropiación forzosa y beneficiario privado. Una reconstrucción sistemática, Marcial Pons, 2015.
Resumen
El ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados plantea varios problemas jurídicos característicos a los que el Derecho público debe ofrecer una respuesta adecuada. Ello exige reconsiderar ciertos extremos de la configuración normativa de la expropiación forzosa como institución de Derecho público, en la cual el beneficiario ocupa un lugar central en tanto que sujeto que encarna al interés público a que la expropiación, como instrumento, viene a servir. La concepción del beneficiario como sujeto favorecido por la producción de un daño legítimo o autorizado por el ordenamiento, así como la integración sistemática de la potestad expropiatoria en el marco que proporcionan el Derecho constitucional, el Derecho europeo y el Derecho administrativo general y sectorial, permiten ofrecer un modelo dogmático parcialmente renovado de la expropiación forzosa y de la figura subjetiva de su beneficiario. Modelo éste que resulta acorde con las dos funciones principales que al Derecho administrativo corresponde desempeñar: proteger los derechos individuales frente al poder, y procurar la actuación eficaz de la Administración en la tutela y promoción de los intereses generales.
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La administración de la escasez. Los fundamentos de la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en número, L. Arroyo y D. Utrilla (dirs,), Marcial Pons, 2015.
Resumen
La Administración pública de nuestro tiempo está llamada con mucha frecuencia a adjudicar derechos limitados en número. Esos derechos o recursos escasos pueden ser de lo más variado (títulos habilitantes, prestaciones públicas, subvenciones, contratos, plazas de empleados públicos, etc.) y, por tanto, su asignación está sometida a reglas muy diversas. Sin embargo, al mismo tiempo resulta visible que en todos estos ámbitos la actividad administrativa de adjudicación de recursos escasos plantea ciertos problemas característicos, así como que las soluciones y tratamientos que proporciona la regulación sectorial tienden muy a menudo a converger, al menos en cierta medida. El motivo reside en que en esas áreas la Administración ejerce una misma función consistente en adjudicar recursos escasos en situaciones de concurrencia. Y esa circunstancia común determina que su régimen jurídico, aun estando marcado por la diversidad y el pluralismo, presente algunos rasgos tendencialmente semejantes. Desde una perspectiva normativa puede incluso afirmarse que esos elementos homogéneos de carácter transversal representan la materialización sectorial de exigencias constitucionales comunes que, precisamente por ello, deben ser identificadas y elaboradas dogmáticamente desde el Derecho administrativo general. En este libro se estudian los fundamentos del régimen jurídico de la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en número que resultan del Derecho constitucional interno y de la Unión Europea, el procedimiento administrativo y la decisión administrativa de adjudicación, así como el régimen de tutela de los derechos de los interesados en resultar beneficiarios.
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Los próximos días 12 y 13 de marzo de 2015 tendrá lugar la 25ª edición del Seminario de Estudios Autonómicos, que aborda, como es tradicional, los aspectos más actuales del Estado autonómico vistos por profesores universitarios del mayor prestigio. En esta ocasión se analizará especialmente la relación entre el Estado autonómico y una eventual reforma constitucional. Programa y más información aquí.
Luis Arroyo Jiménez, La aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea y el derecho a la tutela judicial efectiva. Una propuesta de sistematización, 102 Revista Española de Derecho Constitucional, 2014, 296-316.
Resumen
En este artículo se analiza la aplicación del Derecho de la Unión Europea por parte de los jueces y tribunales desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, tal y como resulta protegido por el Derecho constitucional interno (art. 24 CE). Su finalidad es realizar una propuesta de sistematización de las posibles vulneraciones de las diversas normas constitucionales que el Tribunal Constitucional considera comprendidas en esa disposición constitucional. En particular, se identifican infracciones características del derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), del derecho a una resolución fundada en Derecho (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) cometidas por los órganos judiciales en el marco de la selección, interpretación y aplicación de las normas de Derecho de la Unión Europea.