En la XII Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2021/2023 del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad de Castilla-La Mancha se concedió un Proyecto para el “Diseño e implantación de una Clínica jurídica penitenciaria en la Universidad de Castilla-La Mancha”.

La finalidad de este Proyecto de Innovación es el diseño y la implantación de una Clínica jurídica penitenciaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, que pueda servir de modelo y ejemplo y abrir el camino para la configuración de otras Clínicas en el resto de Facultades de Derecho de la UCLM. Se trataría de la primera Clínica Jurídica de la Universidad de Castilla-La Mancha, permitiendo a la UCLM incorporarse al ya numeroso grupo de Universidades que forman parte de la Red Universitaria de Clínicas Jurídicas.

Este proyecto, dirigido por la profesora Dª Cristina Rodríguez Yagüe, está integrado por un equipo humano formado por profesores/as del área de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y por un grupo de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de las diversas áreas cuyos conocimientos pueden ser más demandados en la tarea de asesoramiento de las personas privadas de libertad (extranjería, derecho procesal, derecho civil, derecho constitucional, derecho del trabajo y derecho administrativo). La dimensión académica de los integrantes se complementa con el enfoque práctico a través de la incorporación al grupo de trabajo de reconocidos expertos que ejercen en este ámbito, ya desde la misma Institución penitenciaria, ya en el ejercicio práctico de la abogacía.

La Clínica Jurídica Penitenciaria busca ser un espacio para el asesoramiento de las personas privadas de libertad que lo requieran en los centros penitenciarios ubicados en la provincia de Ciudad Real, siempre bajo la supervisión de un profesor tutor vinculado a la Universidad. Se trata de un proyecto que permite realizar un cambio en el paradigma de la enseñanza y aprendizaje del Derecho hacia un enfoque experiencial, a la vez que configurar un importante instrumento que, a través de la dimensión del aprendizaje-servicio, canalice la responsabilidad social de la Universidad con su entorno.

En primer lugar, este proyecto persigue realizar un cambio en el paradigma del aprendizaje en los estudios de Derecho, pasando de un modelo de enseñanza-aprendizaje a un modelo de aprendizaje práctico, activo, multidisciplinar y permanente. En efecto, las clínicas jurídicas permiten crear un escenario, sobre casos reales, en el que el estudiante, que se convierte en el centro del aprendizaje, puede desarrollar las destrezas necesarias para la práctica profesional, por lo que se trata de un aprendizaje eminentemente práctico y experimental. Además, se trata de un aprendizaje activo, donde la fuente principal es la experiencia a partir de la resolución de situaciones reales, de naturaleza diversa, pero en todo caso interdisciplinar, que obliga al estudiante a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante sus estudios. Es también un aprendizaje permanente, en el que el estudiante adquiere la conciencia de que su formación jurídica no está limitada al tiempo de sus estudios de Grado o Máster. Es necesario señalar que la posibilidad de desarrollar las actividades de la Clínica Jurídica Penitenciaria permitirá conocer a los estudiantes una rama del Ordenamiento, la penal/penitenciaria, que de forma directa o indirecta puede estar vinculada a su futuro profesional: así será si el estudiante opta por incorporarse a la Administración penitenciaria en alguno de sus cuerpos o si se dedica al ejercicio de la práctica del Derecho como abogado o procurador. Pero también el conocimiento del sistema penitenciario y sus efectos de la privación de la libertad sobre los derechos de las personas que la sufren es una formación necesaria para otras profesiones jurídicas como los jueces y fiscales, otros puestos relacionados con la Administración de Justicia o las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En segundo lugar, los beneficios que la Clínica Jurídica Penitenciaria aporta revierten no sólo en los estudiantes, sino también en la propia sociedad, por lo que satisface la necesaria implicación que en ella debe tener la Universidad en el marco de la responsabilidad social corporativa y que la sitúa en un plano activo de compromiso con su entorno como motor de transformación social. Este compromiso se concreta en la realización de una labor de formación y asesoramiento de un colectivo, como el de las personas privadas de libertad, de especial vulnerabilidad. Y ello porque si bien hay un colectivo de personas privadas de libertad con recursos suficientes para poder gestionar un asesoramiento jurídico adecuado para articular los distintos mecanismos de tutela de sus derechos, una amplia mayoría de reclusos se encuentran en situación de vulnerabilidad por la presencia de diversos factores que, en muchos casos, son acumulativos (escasez de recursos económicos, desconocimiento del idioma, analfabetismo, situación de marginalidad, irregularidad administrativa, desestructuración social y familiar, enfermedad física y/o mental…). Esta situación hace que en muchos casos sean ellos mismos los que tengan que defender sus propios intereses ante la Administración penitenciaria o el Juzgado de Vigilancia penitenciaria, lo que, sin el debido asesoramiento jurídico, los sitúa en una posición de fragilidad y vulnerabilidad evidente. Por tanto, a través del asesoramiento y la formación jurídica por parte de estudiantes, con la debida tutorización de los profesores universitarios que tutelen el proceso, se pretende desarrollar esa función de aprendizaje-servicio que entendemos que debe tener la Universidad como muestra de la responsabilidad social corporativa.

De esta manera la Clínica Jurídica es una suerte de transferencia, donde los estudiantes desempeñan un rol activo, de los conocimientos adquiridos en la resolución del caso planteado a la realidad, pero que a su vez repercute positivamente en el estudiante en lo que se ha denominado como aprendizaje ético.

Si bien la experiencia piloto pretende la implantación de la primera Clínica Jurídica Penitenciaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real y su relación con los centros penitenciarios de la provincia, se trata de un proyecto con una gran potencialidad a medio y largo plazo en tanto nace con la vocación de poder ser implementado en otras Facultades y extender así esa labor de asesoramiento jurídico de las personas privadas de libertad que así lo requieran al resto de centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma.