La relación entre las empresas multinacionales y los derechos humanos ha estado
presente en la agenda de las organizaciones internacionales desde los años setenta y,
especialmente, en la de Naciones Unidas. En la actualidad los Principios Rectores de
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 toman como
punto de partida la obligación que tienen los Estados de adoptar medidas eficaces con
el fin de que las empresas multinacionales con sede o domicilio social en dicho país, no
violen los derechos humanos, reparen a las víctimas y estas tengan además acceso a la
justicia. Esta obligación supone, al menos en los casos más graves, una llamada al
derecho penal; un derecho penal que tiene como protagonista un sujeto tan complejo
como son las empresas multinacionales.
El objetivo de nuestro proyecto de investigación es sentar las bases para una respuesta
penal a las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las
empresas multinacionales. Esta respuesta se orienta no solo a la sanción, sino también
a la prevención y a la reparación del daño, en conformidad con lo indicado en los
principios rectores y tomando como base la responsabilidad social empresarial y la
capacidad de autorregulación de estas organizaciones.