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El Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM) expresa su condena más rotunda a los ataques indiscriminados por parte del ejército israelí a la población palestina en la franja de Gaza. Desde 2007 Israel ejerce el bloqueo sistemático por tierra, mar y aire de un territorio de 365 km cuadrados con una población de 2,1 millones de personas, un 70% de ellas refugiadas. Ninguna acción armada como la cometida por las milicias de Hamas el pasado 7 de octubre de 2023, que incluía ataques indiscriminados contra la población civil israelí, igualmente condenables, puede justificar en modo alguno el castigo colectivo y los bombardeos contra la población de Gaza. Según datos oficiales del Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, a fecha del 28 de octubre de 2023 hay más de 7.700 personas fallecidas, de las cuales 3.500 son niñas y niños. Además, hay 19.743 personas heridas y 1.800 desaparecidas que se presume estén bajo los escombros. El desplazamiento forzoso de más de un millón de personas, el corte de suministros -agua, comida, combustible-, el bombardeo de casas, carreteras, mezquitas, iglesias y hospitales que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra, junto a las dificultades impuestas a la llegada de ayuda humanitaria agravadas por el apagón de comunicaciones, no pueden ser consideradas sino un crimen contra la humanidad e instamos a las autoridades nacionales e internacionales a parar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino.

Como miembros de la comunidad universitaria, denunciamos también la destrucción de centros de enseñanza como escuelas, institutos y universidades, como la Universidad Islámica de Gaza. A ello hay que unir los ataques documentados por organizaciones humanitarias internacionales a ambulancias de los servicios médicos palestinos, de la Media Luna Roja o a centros dependientes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNWRA), con más de 40 instalaciones dañadas y 53 trabajadores asesinados, hasta el momento, la mayoría personal docente. También han sido asesinados 29 periodistas y fotógrafos locales; Israel no permite la entrada de prensa extranjera en la franja. 

Durante los últimos años se han incrementado las incursiones del ejército y la policía israelíes en los territorios palestinos ocupados. Desde el pasado 7 de octubre, las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos han matado a más de 100 palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania, 35 niños según ha podido documentar la ONG Defense for Children. Se ha continuado con la expansión de los asentamientos ilegales: hay entre 600.000 y 750.000 colonos israelíes viviendo en al menos 250 asentamientos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. No ha cesado la confiscación de tierras, la expulsión de palestinos de sus casas y tierras de trabajo, la demolición de viviendas, las detenciones administrativas sin juicio ni asistencia de abogados, las agresiones por parte de colonos radicales a familias palestinas, el cierre arbitrario de puntos fronterizos con los territorios ocupados y un largo etcétera de acciones que reflejan el desprecio de las autoridades israelíes por la legalidad internacional y los principios básicos de la dignidad humana. Según los Convenios de Ginebra: el ocupante debe proteger a los civiles ocupados.

Debemos insistir en la necesidad de reconocer los legítimos derechos del pueblo palestino a vivir dignamente en su tierra y de romper con las retóricas de deshumanización. Es una obligación ya no sólo legal sino moral y ética la defensa de la justicia por parte de las potencias occidentales. Sin justicia no habrá paz. Contra el genocidio y contra la impunidad, reclamamos a la diplomacia que exija un alto al fuego y garantice una solución justa que ponga fin a un conflicto de raíz colonial que ha causado y está causando demasiado sufrimiento.

Toledo, 28 de octubre de 2023