La participación social en la educación va mucho más allá de la representación de las distintas instituciones educativas. En los centros escolares podemos verlo a través de los consejos, juntas, asociaciones, sindicatos, ayuntamientos; la participación social implica compromiso, libertad, valores, ciudadanía; se concreta en la corresponsabilidad de todos los sectores sociales a favor de la educación.

Las instituciones educativas tienen una doble dimensión: por un lado son en sí mismas un ámbito de participación social, donde pueden concretarse y desarrollarse diversas prácticas educativas, con sus estructuras, normas y principios; y por otro lado, constituyen el lugar más adecuado para asentar los principios de participación social y ciudadanía entre los niños y jóvenes.

Dar valor a la participación social y a la participación escolar no es tarea solo de la escuela, sino que supone un compromiso que va más allá de las instituciones educativas y del propio sistema, es tarea de todos, tanto de las personas como de las instituciones.

Participar es «tomar parte», lo que implica formación, medios y deseos, esto es, «saber», «querer» y «poder». La participación no es solo cuestión de estructuras y normativa. Los personas y las administraciones, conjuntamente, deben tratar de crear buenas bases de participación, detectar y cubrir las necesidades de formación, y contribuir activamente en el desarrollo de la práctica participativa en todos los entornos.

Los principales inconvenientes que se manifiestan en todos los sectores son el tiempo, la formación, la información, el apoyo, la confianza, el reconocimiento y la dificultad en concretar los resultados de la participación.