L. Arroyo, D. Utrilla, “Public Participation and Infrastructure Planning in Spain”, en Public Participation in Infrastructure Planning – Comparative Analysis of 10 European Countries,Thomas Gross (ed), European Law Series, Vol. CXIV, Esperia: London, 2015.

Public participation in planning procedures is a topic of political debate in many European countries. Although there is some common ground in the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, known as Aarhus Convention, and in the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, the national rules on participation are quite divergent and often difficult to find.

This book provides a collection of national reports covering ten European countries (the six largest Member States of the EU and four other countries with particular legal traditions: Austria, France, Germany, Italy, The Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom) and a comparative analysis of the similarities and differences in the respective legal orders.

L. Arroyo y D. Utrilla (dirs.), La administración de la escasez. Los fundamentos de la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en número, Marcial Pons, 2015.

Resumen

La Administración pública de nuestro tiempo está llamada con mucha frecuencia a adjudicar derechos limitados en número. Esos derechos o recursos escasos pueden ser de lo más variado (títulos habilitantes, prestaciones públicas, subvenciones, contratos, plazas de empleados públicos, etc.) y, por tanto, su asignación está sometida a reglas muy diversas. Sin embargo, al mismo tiempo resulta visible que en todos estos ámbitos la actividad administrativa de adjudicación de recursos escasos plantea ciertos problemas característicos, así como que las soluciones y tratamientos que proporciona la regulación sectorial tienden muy a menudo a converger, al menos en cierta medida. El motivo reside en que en esas áreas la Administración ejerce una misma función consistente en adjudicar recursos escasos en situaciones de concurrencia. Y esa circunstancia común determina que su régimen jurídico, aun estando marcado por la diversidad y el pluralismo, presente algunos rasgos tendencialmente semejantes. Desde una perspectiva normativa puede incluso afirmarse que esos elementos homogéneos de carácter transversal representan la materialización sectorial de exigencias constitucionales comunes que, precisamente por ello, deben ser identificadas y elaboradas dogmáticamente desde el Derecho administrativo general. En este libro se estudian los fundamentos del régimen jurídico de la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en número que resultan del Derecho constitucional interno y de la Unión Europea, el procedimiento administrativo y la decisión administrativa de adjudicación, así como el régimen de tutela de los derechos de los interesados en resultar beneficiarios.

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Luis Arroyo Jiménez, La adjudicación administrativa de recursos escasos, InDret 1/2015.

Resumen

El Derecho administrativo regula el otorgamiento por la Administración pública de derechos limitados en número en los ámbitos más diversos: títulos habilitantes, contratos, subvenciones, prestaciones de servicio público, etc. Cada una de esas actuaciones administrativas está sometida a su propia regulación sectorial. Sin embargo, la regulación de esos derechos y de su adjudicación administrativa plantea algunos problemas comunes a los que el ordenamiento otorga soluciones tendencialmente semejantes. Esta circunstancia probablemente se deba a que todas esas posiciones tienen elementos estructurales también comunes que determinan su sujeción a exigencias constitucionales parecidas. Todo ello conduce a la necesidad de reconstruirlas como una categoría propia de la parte general del Derecho administrativo, al igual que está ocurriendo en el Derecho administrativo europeo y comparado. En este artículo se recogen algunos de los primeros resultados obtenidos en esa tarea: en primer lugar se realiza una aproximación analítica y constitucional a la actividad administrativa de adjudicación de recursos escasos, para pasar a continuación a estudiar su estructura, distinguiendo el análisis del procedimiento administrativo, de la decisión de adjudicación y de su régimen de tutela judicial.

Abstract

Administrative law governs the allocation of limited rights by the public administration in very different areas: licensing, contracts, subsidies, public services, etc. All these administrative procedures are subject to their own sectoral legislation. However, the regulation of both these rights and their administrative allocation gives raise to common regulatory problems for which the law usually provides similar responses. The reason for that is probably connected with the fact that those administrative decisions have a similar structure and are bounded by the same constitutional requirements. It is, therefore, necessary to analyze the administrative allocation of scarce rights as a part of general administrative law, just as it begins to happen in European and comparative administrative law. In this paper I first approach this administrative activity from both an analytical and constitutional approach. Later, I focus on its structure and specifically on the administrative procedure, the allocation decision and the judicial protection.

Luis Arroyo Jiménez, La aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea y el derecho a la tutela judicial efectiva. Una propuesta de sistematización, 102 Revista Española de Derecho Constitucional, 2014, 296-316.

Resumen

En este artículo se analiza la aplicación del Derecho de la Unión Europea por parte de los jueces y tribunales desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, tal y como resulta protegido por el Derecho constitucional interno (art. 24 CE). Su finalidad es realizar una propuesta de sistematización de las posibles vulneraciones de las diversas normas constitucionales que el Tribunal Constitucional considera comprendidas en esa disposición constitucional. En particular, se identifican infracciones características del derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), del derecho a una resolución fundada en Derecho (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) cometidas por los órganos judiciales en el marco de la selección, interpretación y aplicación de las normas de Derecho de la Unión Europea.

Abstract

This paper analyses the judicial implementation of EU law from the perspective of the right to judicial effective protection and to a fair trial as it is recognized by Article 24 of the Spanish Constitution (SC). It suggests a classification of possible violations of the various rules which the Spanish Constitutional Court regards to be enshrined in that provision. Specifically, this study identifies typical violations of the right to a reasoned judgment (Article 24.1 SC), the right to a judgment founded in law (Article 24.1 SC) and the right to a fair trial (Article 24.2 SC) committed by national courts in interpreting and applying EU law.

L. Arroyo Jiménez, Infrastructure Planning in Spain – Public Participation and Legal Protection, Journal for European Environmental and Planning Law, 11 (2014) 232-248.

Abstract

This article deals with infrastructure planning in Spanish law. It first describes the role of public participation in planning procedures and analyzes the main participatory instruments foreseen in both general and sectoral administrative law. The distance between a rather adequate administrative legislation on participatory instruments and an unsatisfactory administrative practice in terms of promoting citizen’s partici­pation and seeking acceptance harms the quality of administrative decisions and increases litigation. The article then focuses on the regulation of legal remedies against those decisions and describes recent developments in both academic doctrine and case-law. The main problems related to the effectiveness of judicial protection in this area of law are finally explored.

L. Arroyo Jiménez, C. Ortega Carballo, “Towards the modernization of the appeal for constitutional protection of fundamental rights in Spain”, European Public Law, vol. 20, No 1, 2014.

L. Arroyo Jiménez, «Puig Panella c. España. La presunción de inocencia y la responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional», en Diálogo y conflicto con Europa. Las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rafael Alcacer, José M. Sánchez Tomás, Margarita Beladíez (eds.), Aranzadi, Pamplona, 2013, pp. 313-351.

L. Arroyo Jiménez, «Hacia la normalización constitucional del Derecho de la Unión Europea (a propósito de la STC 145/2012, de 2 de junio)», 45 Revista Española de Derecho Europeo, 2013, 139-169.

Resumen

La STC 145/2012, de 2 de julio, anula una sanción administrativa y dos resoluciones judiciales por desconocer los efectos de una Sentencia del Tribunal de Justicia que declaró el incumplimiento por el Reino de España de las obligaciones que le incumben en virtud de las libertades de circulación. Este trabajo analiza la sentencia del Tribunal Constitucional en el marco de su doctrina sobre la interacción entre el del Derecho de Unión Europea y el Derecho constitucional interno. En él se discuten, en particular, las relaciones entre la aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea y las diversas normas adscritas al derecho a la tutela judicial efectiva, de un lado, y entre aquélla y el principio de legalidad sancionadora, de otro.

Abstract

The Judgment of the Spanish Constitutional Court No. 145/2012, of 2 July 2012, annulled an administrative sanction and two judicial decisions which did not take into consideration a Judgment by which the Court of Justice declared that the Kingdom of Spain had failed to fulfil its obligations under the freedoms of movement. This paper analyses the ruling of the Constitutional Court in the light of its case-law on the interaction between EU Law and the Spanish constitutional order. Specifically, it discusses the relationship between the judicial implementation of EU Law and the contents of the right to judicial effective protection, on the one hand, and between the former and the principle of legality, on the other hand.