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Luis Arroyo y Adán Nieto (dirs.), El reconocimiento mutuo en el Derecho español y europeo, Marcial Pons, 2018.

Para el jurista europeo el reconocimiento mutuo es ya un viejo conocido. Pero, tal y como suele suceder con estos, a la hora de la verdad su comportamiento no deja de sorprendernos. Podemos estar seguros de que opera como una técnica de regulación que obliga a las autoridades de un sistema a reconocer los efectos jurídicos de normas y actos procedentes de otro. Pero no de mucho más. La razón es que este instrumento se proyecta sobre un conjunto muy numeroso de actividades y sectores de actuación, así como sobre normas y actos tremendamente heterogéneos. El reconocimiento mutuo tiene su origen en la jurisprudencia europea sobre la libre circulación de mercancías, desde la que se terminó extendiendo a otras áreas del mercado interior europeo, como la prestación de servicios o la circulación de personas y capitales. Más adelante la técnica fue trasplantada al espacio de libertad, seguridad y justicia, donde se aplica, entre otros, en los ámbitos del Derecho penal, el Derecho procesal o el asilo. Los estudios contenidos en este volumen tienen por objeto el análisis del reconocimiento mutuo en dos ámbitos materiales diferentes como son los relativos al mercado interior, de un lado, y al espacio de libertad, seguridad y justicia, de otro. Aun dentro de cada uno de ellos, la obra procura dar cuenta de los diversos sectores, tanto de la realidad como del propio ordenamiento jurídico, en los que aquellos se concretan. El resultado es un completo análisis de una técnica de regulación que responde a fundamentos comunes pero que puede presentar caras muy diversas, tanto en relación con su articulación técnica como en lo que atañe a los problemas constitucionales que suscita.

Acceso al índice aquí: https://www.marcialpons.es/libros/el-reconocimiento-mutuo-en-el-derecho-espanol-y-europeo/9788491235149/

L. Arroyo Jiménez, “Constitutional Empathy and Judicial Dialogue in the EU», 24-1 European Public Law, 2018, pp. 57-72.

In a context of legal pluralism, empathy becomes a constitutional virtue. Legal interfaces governing intersystem relations among EU and national laws must be devised and implemented accordingly. This article explores some of the conclusions that might be drawn from this in the area of judicial dialogue, particularly from the perspective of the Member States’ Constitutional or Supreme courts. As for the formalized dialogue, analysing the structure of communication interfaces provides, on the one hand, a better understanding of the functions and rhetorical styles of references made by different national courts. On the other hand, the concept of constitutional empathy also allows for inferring rules of conduct in terms of drafting requests for preliminary rulings. With respect to non-formalized judicial dialogue, the paper argues that an empathetic design of legal interfaces might help national Constitutional or Supreme courts to improve the reception of driving forces that stem from EU law, both in their own case law and as regards EU law implementation by ordinary courts.

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Luis Arroyo y Dolores Utrilla (dirs.), La adjudicación administrativa de recursos escasos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

La gestión de la escasez es una de las tareas más características de la Administración, que se enfrenta a la adjudicación recursos escasos en situaciones de concurrencia en numerosos ámbitos materiales: de la adjudicación de licencias y concesiones para la prestación de servicios de transporte, a la de cuotas de emisión a la atmósfera de gases contaminantes; de la asignación de bienes y derechos patrimoniales, a la concesión de títulos habilitantes para el uso de bienes demaniales; del otorgamiento de ayudas y subvenciones, a la selección de contratistas y funcionarios; de la adjudicación de plazas en centros docentes, en fin, a la gestión de infraestructuras culturales de titularidad pública.

La ordenación sectorial de la adjudicación de estos y otros recursos escasos refleja una imagen caracterizada por la diversidad. Al mismo tiempo, sin embargo, el hecho de que la Administración ejerza en todos esos ámbitos una misma función, consistente en adjudicar recursos en situaciones de escasez, tiene como consecuencia que algunos elementos de su régimen jurídico (procedimiento, decisión, tutela) tiendan a converger. Se trata de una nueva confirmación de un viejo principio: el régimen jurídico de las técnicas e instrumentos propios de la actuación administrativa no resulta sólo de su naturaleza jurídica, sino también (y, quizás, principalmente) de la función que el Derecho administrativo les asigna.

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