Texto completo disponible aquí.

Luis Arroyo y Adán Nieto (dirs.), El reconocimiento mutuo en el Derecho español y europeo, Marcial Pons, 2018.

Para el jurista europeo el reconocimiento mutuo es ya un viejo conocido. Pero, tal y como suele suceder con estos, a la hora de la verdad su comportamiento no deja de sorprendernos. Podemos estar seguros de que opera como una técnica de regulación que obliga a las autoridades de un sistema a reconocer los efectos jurídicos de normas y actos procedentes de otro. Pero no de mucho más. La razón es que este instrumento se proyecta sobre un conjunto muy numeroso de actividades y sectores de actuación, así como sobre normas y actos tremendamente heterogéneos. El reconocimiento mutuo tiene su origen en la jurisprudencia europea sobre la libre circulación de mercancías, desde la que se terminó extendiendo a otras áreas del mercado interior europeo, como la prestación de servicios o la circulación de personas y capitales. Más adelante la técnica fue trasplantada al espacio de libertad, seguridad y justicia, donde se aplica, entre otros, en los ámbitos del Derecho penal, el Derecho procesal o el asilo. Los estudios contenidos en este volumen tienen por objeto el análisis del reconocimiento mutuo en dos ámbitos materiales diferentes como son los relativos al mercado interior, de un lado, y al espacio de libertad, seguridad y justicia, de otro. Aun dentro de cada uno de ellos, la obra procura dar cuenta de los diversos sectores, tanto de la realidad como del propio ordenamiento jurídico, en los que aquellos se concretan. El resultado es un completo análisis de una técnica de regulación que responde a fundamentos comunes pero que puede presentar caras muy diversas, tanto en relación con su articulación técnica como en lo que atañe a los problemas constitucionales que suscita.

Acceso al índice aquí: https://www.marcialpons.es/libros/el-reconocimiento-mutuo-en-el-derecho-espanol-y-europeo/9788491235149/

L. Arroyo Jiménez, “Constitutional Empathy and Judicial Dialogue in the EU», 24-1 European Public Law, 2018, pp. 57-72.

In a context of legal pluralism, empathy becomes a constitutional virtue. Legal interfaces governing intersystem relations among EU and national laws must be devised and implemented accordingly. This article explores some of the conclusions that might be drawn from this in the area of judicial dialogue, particularly from the perspective of the Member States’ Constitutional or Supreme courts. As for the formalized dialogue, analysing the structure of communication interfaces provides, on the one hand, a better understanding of the functions and rhetorical styles of references made by different national courts. On the other hand, the concept of constitutional empathy also allows for inferring rules of conduct in terms of drafting requests for preliminary rulings. With respect to non-formalized judicial dialogue, the paper argues that an empathetic design of legal interfaces might help national Constitutional or Supreme courts to improve the reception of driving forces that stem from EU law, both in their own case law and as regards EU law implementation by ordinary courts.

Accesible aquí.

Luis Arroyo y Dolores Utrilla (dirs.), La adjudicación administrativa de recursos escasos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

La gestión de la escasez es una de las tareas más características de la Administración, que se enfrenta a la adjudicación recursos escasos en situaciones de concurrencia en numerosos ámbitos materiales: de la adjudicación de licencias y concesiones para la prestación de servicios de transporte, a la de cuotas de emisión a la atmósfera de gases contaminantes; de la asignación de bienes y derechos patrimoniales, a la concesión de títulos habilitantes para el uso de bienes demaniales; del otorgamiento de ayudas y subvenciones, a la selección de contratistas y funcionarios; de la adjudicación de plazas en centros docentes, en fin, a la gestión de infraestructuras culturales de titularidad pública.

La ordenación sectorial de la adjudicación de estos y otros recursos escasos refleja una imagen caracterizada por la diversidad. Al mismo tiempo, sin embargo, el hecho de que la Administración ejerza en todos esos ámbitos una misma función, consistente en adjudicar recursos en situaciones de escasez, tiene como consecuencia que algunos elementos de su régimen jurídico (procedimiento, decisión, tutela) tiendan a converger. Se trata de una nueva confirmación de un viejo principio: el régimen jurídico de las técnicas e instrumentos propios de la actuación administrativa no resulta sólo de su naturaleza jurídica, sino también (y, quizás, principalmente) de la función que el Derecho administrativo les asigna.

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L. Arroyo & D. Utrilla, «The Allocation of Limited Public Rights: An Analytical and Constitutional Approach», en Scarcity and the State I, Intersentia, Cambridge, 2016, pp. 27 ss.

Managing scarcity to serve the public interest is a classic government task. An important way to execute this task is by allocating individual rights that are only available in limited quantities, such as CO2 emission allowances, gambling licences, subsidies, radio frequencies, public contracts and parking permits.

Whereas economic and political theory has paid much attention to the allocation of scarce goods and rights, until now a consistent and general legal theory of ‘the allocating government’ has been missing. This is striking given the fact that limited rights have to be allocated within many sectors and are often of great social significance and financial importance.

Decisions on allocation often lead to disputes. This book provides a unique exploration of building blocks for a consistent and general legal theory on the allocation of limited rights by administrative authorities. This book is useful to legislators, administrative authorities, applicants, interested third parties and the courts.

The EU-law perspective is an important element in this book, but comparative law and doctrinal approaches are also taken into account. The contributions in this book have been enriched by information from national reports on the allocation of gambling licences, radio frequencies and CO2 emission permits in seven EU Member States: France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Romania and Spain. (See P. Adriaanse, F. van Ommeren, W. den Ouden and J. Wolswinkel (eds.), Scarcity and the State II. Member State Reports on Gambling Licences, Radio Frequencies and CO2 Emission Permits, Intersentia, Antwerp 2016).

Editor’s website.

L. Arroyo Jiménez, Empatía Constitucional. Derecho de la Unión Europea y Constitución Española, Marcial Pons, 2016.

El Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno son sistemas jurídicos abiertos. Cada uno de ellos incorpora elementos procedentes del otro a través de sus propios dispositivos de comunicación intersistemática. Los Tribunales encargados de diseñar esas interfaces deben afrontar esa tarea con la necesaria consideración de las exigencias institucionales propias, pero también de las ajenas. En esta obra se desarrolla esta idea a propósito de tres de las cuestiones sobre las que gira la más reciente evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional: las relaciones entre los sistemas europeo y nacional de protección de los derechos fundamentales, la relevancia constitucional interna de la aplicación incorrecta del Derecho de la Unión y, en fin, el papel que este último puede jugar a la hora de justificar y apreciar la especial trascendencia constitucional de los recursos de amparo.

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L. Arroyo Jiménez y A. Nieto Martín (Dirs.), Autorregulación y sanciones, Aranzadi, 2015.

Segunda edición actualizada y ampliada de un volumen dirigido a explorar las consecuencias de la autorregulación sobre el Derecho sancionador desde una perspectiva general, en un doble sentido: primero, porque no se limita al Derecho penal, sino que se proyecta también sobre las sanciones administrativas y disciplinarias; y segundo, porque analiza diversos ámbitos sectoriales sobre los que el problema se plantea: régimen laboral, defensa de la competencia, corporaciones profesionales, partidos políticos, etc.

El sumario de la obra se puede descargar aquí.

L. Arroyo, M. Beladíez, C. Ortega y J. M. Rodríguez de Santiago (coords.), El juez del Derecho administrativo. Libro homenaje a Javier Delgado Barrio, Marcial Pons, 2015.

Con la obra que el lector tiene en sus manos sus autores queremos rendir un sentido homenaje a Javier Delgado Barrio con motivo de su jubilación. Para los coordinadores del volumen éste representa, además, una ocasión para dejar testimonio de nuestro agradecimiento por la enriquecedora experiencia profesional, intelectual y personal que ha supuesto colaborar estrechamente con él durante el desempeño de su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional. La singular capacidad de tener siempre un criterio sólido sobre las cuestiones que se le planteaban, su fina intuición de juez, la seriedad con la que afrontaba el ejercicio cotidiano de su función, su buen humor diario y una actitud siempre abierta a lo que sus colaboradores podíamos aportarle en esa tarea son sólo algunas de sus grandes cualidades. Pero este libro no es sólo un homenaje a un buen juez: es también la manera en la que sus autores queremos expresar el aprecio que nos une a un excelente amigo. Cada uno de nosotros hemos podido acompañarle más o menos tiempo, a lo largo de diferentes etapas y en unas u otras facetas de su carrera profesional, pero todos hemos podido apreciar junto a él la reconfortante experiencia vital que nace de la amistad. Y eso no es poca cosa para celebrar. Los coordinadores quieren agradecer la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid para hacer posible este libro.

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L. Arroyo, D. Utrilla, «Administrative Allocation of Limited Public Rights. Some Keystones for a General Theory», Ius Publicum, 02/2015.

El artículo se puede descargar aquí.

L. Arroyo, D. Utrilla, «Public Participation and Infrastructure Planning in Spain», en Public Participation in Infrastructure Planning – Comparative Analysis of 10 European Countries,Thomas Gross (ed), European Law Series, Vol. CXIV, Esperia: London, 2015.

Public participation in planning procedures is a topic of political debate in many European countries. Although there is some common ground in the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, known as Aarhus Convention, and in the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, the national rules on participation are quite divergent and often difficult to find.

This book provides a collection of national reports covering ten European countries (the six largest Member States of the EU and four other countries with particular legal traditions: Austria, France, Germany, Italy, The Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom) and a comparative analysis of the similarities and differences in the respective legal orders.