Estoy convencido, tras saber sobre las últimas reformas estructurales, de que en Moncloa tienen que tener un adagio cincelado en mármol en cada despacho que debe decir algo así como: «si puedes complicarlo, no lo hagas fácil». Un adagio que hasta ahora ningún gobierno ha decido cambiar; pues la burocratización y complejidad legislativa (por favor, no me confundan con desregulación) es algo que les pone un pelín a todos. La reforma laboral, que ahora anda de boca en boca, es una nueva oportunidad perdida para simplificar las cosas: para establecer un contrato único, que fije un marco de referencia estable y sencillo para empresarios y trabajadores. Un marco laboral cuya idea-fuerza sea primar la contratación, en las fases iniciales de la relación laboral, y la protección incremental, en las fases posteriores, buscando la mutua fidelización empresario-trabajador. El resto son cuestiones técnicas. De esta forma el mapa de contratos laborales se simplificaría al máximo. Sencillo, ¿no? Pues entonces mejor nos olvidamos y aplicamos el anterior adagio.
Un nuevo caso es el «Código de Buenas prácticas de la Banca», que trata de limitar los desahucios en las familias en situación de marginalidad. La idea es estupenda. Además va en el buen camino de introducir medidas de solidaridad social. Estas medidas tienen un importante efecto material-económico -el más obvio- y otro, no menos importante, que es el pedagógico social: en una etapa de desánimo generalizado las medidas que reintroducen escenarios de solidaridad frente al individualismo descarnado del mercado son una terapia absolutamente necesaria para devolver la confianza en la sociedad que nos acoge. Bueno, que me despisto, a lo que vamos: este código establece unos requisitos técnicos que complican la idea inicial e introducen incentivos a la pillería; otra cosa que aquí también nos pone mucho. Ante cualquier nueva regulación que introduzca ayudas, lo primero que hacemos es ver si cumplimos los requisitos y, si andamos en el límite, a ver cómo los sorteamos.

Las medidas establecidas son: Fomentar la refinanciación, la quita de la deuda y la dación en pago; esta última con un período de carencia en el deshaucio a cambio de un alquiler. Todas ellas buenas iniciativas, pero que a mi juicio, deberían tratarse de otra manera. Las dos primeras podrían quedar a la libre negociación de las partes (cosa que ya se hace según declara la banca). La última, el verdadero meollo de la cuestión, debería modificarse en la ley hipotecaria. Sería bueno establecer la dación en pago para todas las hipotecas, sin requisitos técnicos y sin tramos. Para algunos economistas, esta cláusula incrementaría el precio de las hipotecas; yo no lo creo. Puede ser que al principio así sea, pero cuando se convierta en una práctica habitual y dado el entorno de competencia que «presuponemos» en el sector financiero, al final el precio hipotecario estará en función del riesgo asumido (solvencia del cliente, valoración del inmueble…). Ademas se conseguiría evitar que la banca se extralimitara en la concesión de créditos de dudosa recuperación. Sencillo ¿no? Pues no, mejor lo complicamos todo y hacemos de la dación en pago una carrera de obstáculos. ¿para proteger a quién? Me pregunto.