Los tres sindicatos mayoritarios en la función pública FeSP-UGT, CC.OO. y CSIF han entregado una carta al Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para instarle de forma urgente en convocar la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas donde se defina un calendario de negociación para poder tomar decisiones en materia de empleo público «y no a golpe de decreto, como fue costumbre en la pasada legislatura».

En la misiva los sindicatos piden la eliminación de la tasa de reposición, una oferta de empleo público de 356.000 plazas y un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo perdido durante la crisis.

Los sindicatos reiteran su petición de eliminar la tasa de reposición que es un clamor y un incremento progresivo de plantillas conforme a la evaluación de las necesidades de los servicios públicos en cada administración. Una Oferta de Empleo Público (OEP) excepcional de 356.000 plazas que regularice la situación de plazas estructurales presupuestadas, vacantes u ocupadas por personal interino o eventual, así como una revisión de la normativa relativa a la función pública para adaptarla a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y atajar el «abuso» en la temporalidad que aumenta la desigualdad en nuestro país.

En materia salarial reclamamos un incremento en 2017 que garantice la recuperación del poder adquisitivo, acompañado de un Plan plurianual de recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, aproximadamente un 13% perdidos desde 2010. Recordar que el IPC de 2016 cerró con una subida del 1,6% y en declaraciones del ministro la subida salarial de este año la ligaba a la aprobación de los presupuestos generales del estado sin especificar la cuantía de la subida.
Igualmente, demandamos la revisión de los aspectos que, durante la crisis, se han regulado con carácter «básico e indisponible» para permitir la negociación efectiva en cada uno de los ámbitos (jornada, incapacidad temporal, permisos y licencias).

También se ha puesto sobre la mesa el problema de los interinos de la sanidad y la educación y la consecución de la jornada de 35 horas semanales.