[et_pb_section fb_built=\u00bb1″ _builder_version=\u00bb3.22.6″][et_pb_row _builder_version=\u00bb3.25″][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb3.25″ custom_padding=\u00bb|||\u00bb custom_padding__hover=\u00bb|||\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.9.2″ text_font=\u00bb||||||||\u00bb text_font_size=\u00bb20px\u00bb link_option_url=\u00bbhttps:\/\/blog.uclm.es\/repmult\/wp-content\/uploads\/sites\/189\/2020\/02\/Congreso_Repmult-FINAL.pdf\u00bb link_option_url_new_window=\u00bbon\u00bb hover_enabled=\u00bb0″ sticky_enabled=\u00bb0″]<\/p>\n
El 23 de febrero, la Comisi\u00f3n Europea public\u00f3 su propuesta de Directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial, con la que se persigue el objetivo de fijar un est\u00e1ndar europeo de conducta empresarial obligatorio para asegurar que las empresas cumplen con su deber de respetar los derechos humanos y el medioambiente en el desarrollo de su actividad, la de sus filiales y otros actores part\u00edcipes de sus cadenas de suministros globales.<\/p>\n
Casi en paralelo, el Gobierno de Espa\u00f1a ha presentado su Anteproyecto de la Ley de protecci\u00f3n de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, que se encuentra en periodo de\u00a0consulta p\u00fablica hasta el d\u00eda 3 de marzo<\/a>. Las presentes observaciones al Anteproyecto de Ley protecci\u00f3n de derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales, son fruto del proyecto de investigaci\u00f3n Responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaci\u00f3n a los derechos humanos y al medio ambiente (REPMULT,\u00a0https:\/\/blog.uclm.es\/repmult<\/a>)\u00a0(DER 2017-85144-C2), financiado por el Ministerio de Econom\u00eda, Industria y Competitividad.<\/strong><\/p>\n