Las relaciones entre empresas multinacionales y los derechos humanos est\u00e1n en la\u00a0<\/span>agenda de las organizaciones internacionales y, especialmente, de Naciones Unidas,\u00a0<\/span>desde los a\u00f1os 70 del pasado siglo. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre\u00a0<\/span>empresas y derechos humanos publicados en 2011 contienen una soluci\u00f3n de\u00a0<\/span>consenso, sobre el que Estados y empresas deben empezar a trabajar. Los puntos en\u00a0<\/span>los que dichos principios se basan son los siguientes:<\/span><\/p>\n Las Principios Rectores dejan libertad de medios (margen de apreciaci\u00f3n nacional) para\u00a0<\/span>que los Estados cumplan con esta obligaci\u00f3n, pero de varios de sus pasajes traslucen\u00a0<\/span>cuatro aspectos que resultan de peculiar importancia:<\/span><\/p>\n Dentro de este margen de apreciaci\u00f3n, los Estados necesitan dotarse de un marco\u00a0<\/strong><\/span>normativo que asegure el cumplimiento de las obligaciones<\/strong> derivadas de los\u00a0<\/span>Principios rectores. Las medidas de pol\u00edtica legislativa y de cualquier otra \u00edndole deben estar plasmada en los Planes nacionales de derechos humanos<\/strong>. El Plan Nacional del\u00a0<\/strong><\/span>Gobierno de Espa\u00f1a para el periodo 2014-2017<\/strong> no ha pasado de ser un borrador, que\u00a0<\/span>naci\u00f3 adem\u00e1s fuertemente condicionado por las dificultades presupuestarias de la X\u00a0<\/span>Legislatura. En la Legislatura actual, (la XII, comenzada en 2016) no ha existido ninguna\u00a0<\/span>iniciativa al respecto por parte del Gobierno que, en respuesta a una pregunta escrita\u00a0<\/span>en el Congreso, ha indicado que sigue en tr\u00e1mite de elaboraci\u00f3n. En el borrador de\u00a0<\/span>2014 se apelaba a revisar la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola con el fin de detectar las lagunas\u00a0<\/span>existentes, identificaci\u00f3n de los mecanismos de diligencia debida. No obstante, en el\u00a0<\/span>apartado del borrador dedicado a desarrollar la \u201cResponsabilidad de las empresas de\u00a0<\/span>respetar los derechos humanos\u201d, el Plan Nacional repet\u00eda literalmente lo indicado en\u00a0<\/span>los principios, sin aportar ning\u00fan tipo de iniciativa en concreto. A la hora de buscar\u00a0<\/span>mecanismos que alentasen la implantaci\u00f3n en las empresas de medidas de diligencia\u00a0<\/span>debida, el borrador contiene est\u00edmulos positivos muy vagos, y que en modo alguno\u00a0<\/span>conten\u00edan medidas sancionadoras. M\u00e1s bien se trataba de un sistema de incentivos de\u00a0<\/span>muy diversa \u00edndole con el fin de premiar a las empresas que establecieran pol\u00edticas en\u00a0<\/span>materia de derechos humanos. El resultado de esta no pol\u00edtica es que la mayor\u00eda de las\u00a0<\/span>grandes empresas de nuestro pa\u00eds carecen de una pol\u00edtica en esta materia y cuando\u00a0<\/span>existe, est\u00e1 diluida entre sus medidas de responsabilidad social, con poca o ninguna\u00a0<\/span>visibilidad y contribuyendo a la confusi\u00f3n entre ambos aspectos (planes de derechos\u00a0<\/span>humanos y RSE).<\/span><\/p>\n La situaci\u00f3n existente en nuestro pa\u00eds no ha sido remedida por el impacto que las\u00a0<\/span>normas o programas de la UE. La UE<\/strong> elabor\u00f3 una Estrategia para 2011-2014 sobre\u00a0<\/strong><\/span>responsabilidad social de las empresas<\/strong> fruto de la cual fue la Directiva 2014\/95\/UE<\/strong>\u00a0<\/span>sobre divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n no financiera e informaci\u00f3n sobre diversidad por\u00a0<\/span>parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. Esta Directiva se\u00a0<\/span>centra en desarrollar el deber de divulgar la informaci\u00f3n sobre las pol\u00edticas\u00a0<\/span>empresariales en materia de derechos humanos asentada en los principios rectores.\u00a0<\/span>Con este fin, se obliga a las empresas de m\u00e1s de 500 trabajadores a publicar los\u00a0<\/span>\u201cestados no financieros\u201d a partir de los modelos de reporte existentes en esta materia.\u00a0<\/span>Esta obligaci\u00f3n se ha incorporado al art. 19 bis y 29 bis (balances consolidados) de la\u00a0<\/span>Directiva 2013\/34 sobre estados financieros anules, cuyo art. 51 recuerda a los Estados\u00a0<\/span>la necesidad de establecer sanciones proporcionales, disuasivas y adecuadas en caso\u00a0<\/span>de que sus disposiciones no sean respetadas. Espa\u00f1a no ha cumplido con el plazo de\u00a0<\/span>transposici\u00f3n de la Directiva, que finalizaba en diciembre de 2016.<\/span><\/p>\n \n La situaci\u00f3n en Espa\u00f1a contrasta con la de otros pa\u00edses de la UE, que han realizado\u00a0<\/span>avances significativos en esta materia. En los \u00faltimos meses ha tenido especial\u00a0<\/span>resonancia la Ley de Vigilancia empresarial<\/strong> (ley 2017\/399, de 27 de marzo) aprobada\u00a0<\/span>por el Asamblea legislativa francesa que obliga a las grandes empresas francesas a\u00a0<\/span>poner en marcha un plan de vigilancia empresarial. La finalidad de este plan es\u00a0<\/span>\u201cestablecer medidas de vigilancia razonables con el fin de identificar los riesgos y de\u00a0<\/span>prevenir los ataques graves a los derechos humanos y libertades fundamentales, a la\u00a0<\/span>salud y la seguridad de las personas as\u00ed como del medioambiente que resulten de las\u00a0<\/span>actividades de las actividades de la sociedad y de aquellas sociedades controladas por\u00a0<\/span>ella directa o indirectamente, as\u00ed como de las actividades de sus proveedores o\u00a0<\/span>subcontratistas con los que la empresa tiene una relaci\u00f3n comercial estable\u201d. La no realizaci\u00f3n del Plan de Vigilancia puede suponer la imposci\u00f3n de multas de hasta 10\u00a0<\/span>millones de euros que se grad\u00faan en funci\u00f3n de la gravedad del incumplimiento. Sin\u00a0<\/span>embargo, el Consejo Constitucional, aun considerando conforme a la Constituci\u00f3n el\u00a0<\/span>conjunto de la ley (obligatoriedad del plan de vigilancia, la vigilancia y los\u00a0<\/span>requerimientos que puede imponer el Juez – no la Administraci\u00f3n -, etc.), declar\u00f3\u00a0<\/span>inconstitucionales las multas civiles, por imprecisiones en la tipificaci\u00f3n de las\u00a0<\/span>infracciones y del objeto mismo de la ley (Decisi\u00f3n n\u00ba 2017-750, de 23 de marzo). Ello\u00a0<\/span>pone de manifiesto el largo camino que a\u00fan queda por recorrer en este tipo de planes\u00a0<\/span>de vigilancia o de cumplimiento en materia de derechos humanos e igualmente las\u00a0<\/span>dificultades que puede encontrar el dise\u00f1o de un sistema de responsabilidad penal de\u00a0<\/span>la empresa compatible con principios constitucionales.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Eje del proyecto: Principios rectores de NNUU sobre empresas multinacionales y derechos humanos Las relaciones entre empresas multinacionales y los derechos humanos est\u00e1n en la\u00a0agenda de las organizaciones internacionales y, especialmente, de Naciones Unidas,\u00a0desde los a\u00f1os 70 del pasado siglo. 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