Archivo por meses: septiembre 2018

Informe macroeconómico del sector fotovoltaico elaborado por profesores del Máster CryDeS

Jorge Zafrilla (jorge.zafrilla@uclm.es)

Durante los últimos meses, ocho miembros del grupo de investigación GEAR de la UCLM, entre ellos, cinco profesores del Máster CryDeS*, han desarrollado el informe macroeconómico del sector fotovoltaico en España para los años 2016 y 2017 a petición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

El pasado jueves, 13 de septiembre, en la sede de UNEF (Madrid), tuvo lugar la presentación en rueda de prensa de dicho informe, titulado “El desarrollo actual del sector fotovoltaico en España”.

Imagen de la rueda de prensa. / Grupo GEAR.

 

Como principales conclusiones, podemos destacar que a pesar de que el sector fotovoltaico ha sufrido en los últimos años una moratoria en lo referente a nuevas instalaciones, en 2017 la contribución total del sector al PIB español supera los 3.350 millones de euros. Las condiciones del mercado en los últimos años han hecho que las empresas españolas hayan hecho un notable esfuerzo por internacionalizar sus servicios. En la actualidad, más de 70 empresas españolas prestan sus servicios en más de 70 países, generando un saldo neto exportador entorno a los 400 millones de euros. En términos de empleo, el sector genera la contratación directa de más de 6.100 trabajadores, y de casi 13.000 trabajadores adicionales indirecta e inducidamente, los cuales gozan de una estabilidad y calidad superior a la de la media española. Los altos ratios de inversión en I+D del sector y los importantes efectos arrastres sobre otros sectores clave de la economía española, están, en parte, detrás de estos relevantes datos macroeconómicos. En términos ambientales, la casi nula generación de emisiones directas de gases efecto invernadero de la energía solar fotovoltaica favorece el ahorro de emisiones en la economía española y reduce la dependencia energética exterior al prescindir de la importación de tecnologías fósiles.

Los retos climáticos a los que se enfrenta el planeta, la nueva normativa europea sobre energías renovables y las últimas acciones y disposiciones del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, hacen que seamos optimistas respecto de la evolución del sector en los próximos años. La instalación masiva de paneles solares y el fomento del autoconsumo harán del sector fotovoltaico uno de los sectores clave de la economía española en un intervalo de tiempo relativamente corto pues hacia 2030, países como España tendrán ya que haber convertido las energías renovables en su principal fuente de energía primaria.

*El informe “El desarrollo actual de la energía fotovoltaica en España” ha sido desarrollado por los investigadores de la UCLM, y miembros de GEAR (Global Energy and Environmental Economic Analysis Research Group), Guadalupe Arce, María Ángeles Cadarso, Carmen Córcoles, Nuria Gómez, Luis Antonio López, Fabio Monsalve, María Ángeles Tobarra y Jorge Zafrilla (coordinador).

Comercio internacional como fuente de contaminación y muertes prematuras

Luis Antonio López Santiago (Luis.LSantiago@uclm.es)

El comercio internacional contribuye a la globalización de las emisiones y la contaminación como resultado de la producción de bienes (y sus emisiones asociadas) en una región para el consumo en otra región. Los efectos del comercio internacional en las emisiones de contaminantes atmosféricos, calidad del aire y salud se han investigado a nivel regional, pero faltaba una evaluación global combinada de los impactos en la salud relacionados con el comercio internacional y el transporte de la contaminación del aire atmosférico.

El artículo publicado en NATURE por Zhang y coautores combina cuatro modelos globales para estimar la mortalidad prematura causada por la contaminación por partículas finas (PM2.5) como resultado del transporte atmosférico y la producción y el consumo de bienes y servicios en diferentes regiones del mundo.

Chimeneas industriales en Nuevo México. / Wikipedia.
Chimeneas industriales en Nuevo México. / Wikipedia.

Los autores encuentran que de las 3,45 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación por PM2.5 en 2007 en todo el mundo, alrededor del 12% (411,100 muertes) se relacionó con contaminantes atmosféricos emitidos en una región del mundo distinta a aquella en que ocurrió la muerte, y alrededor del 22 por ciento (762,400 muertes) con bienes y servicios producidos en una región para el consumo en otra.

Los resultados encontrados por este trabajo muestra que los impactos transfronterizos sobre la salud de la contaminación PM2.5 asociados con el comercio internacional son mayores que los asociados con el transporte de contaminantes atmosféricos a larga distancia.Por ejemplo, la contaminación por PM2.5 producida en China en 2007 está relacionada con más de 64.800 muertes prematuras en regiones distintas de China, incluidas más de 3.100 muertes prematuras en Europa occidental y los Estados Unidos; por otro lado, el consumo en Europa occidental y los Estados Unidos está relacionado con más de 108.600 muertes prematuras en China.

Para reducir la alta mortalidad asociada al comercio internacional los gobiernos y organismos internacionales han de evitar que las industrias más contaminantes migren hacia regiones con una legislación medioambiental más laxa y, al tiempo, facilitar la trasferencia de tecnología entre empresas de países con distinto nivel de desarrollo.

Macrogranjas en Castilla-La Mancha: dos preguntas para el consejero

Gregorio López Sanz (gregorio.lopez@uclm.es)

La proliferación de macrogranjas de porcino en Castilla-La Mancha, con el visto bueno del Gobierno de la Comunidad Autónoma, incluso con su apoyo financiero, se han convertido en tema de preocupación para muchas personas y colectivos que luchan por el cuidado de la naturaleza y del medio rural.

Imagen de una macrogranja de cerdos.

Dos preguntas le hago llegar al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha respecto a este asunto.

La primera es una repregunta, por si el Consejero quisiera rectificar o matizar una contestación que dio hace apenas 5 meses. El pasado 23 de abril, en Albacete, interpelado por la posición de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a las macrogranjas el Consejero afirmó: “la responsabilidad de que se instale una macrogranja en cualquier municipio de la región es del Ayuntamiento en cuestión que es el “órgano sustantivo”. La Administración local recoge el proyecto de la empresa y pide la Declaración de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente.  Son los ciudadanos y el alcalde quienes tienen que decidir si quieren una granja de cerdos en su municipio. Es una cuestión que les compete a ellos. El alcalde tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no hacerlo y es una decisión que le compete al Ayuntamiento de manera exclusiva y que en ningún caso es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional hace la Declaración de Impacto Ambiental que es siempre muy exigente (1), imponiéndose unos requisitos al promotor del proyecto”.

Esta respuesta no me sirve. Creo que entra en abierta contradicción con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que en su artículo 31 señala que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias EXCLUSIVAS, entre otras materias, en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias y planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Región. Por ejemplo, la Junta no deja que los municipios decidan sobre expedientes de transformación o nuevos derechos para plantación de viñedo, ni sobre incorporación de jóvenes a la agricultura, ni sobre ganadería extensiva o agricultura ecológica, ni sobre subvenciones a empresas productivas. En otros casos, como urbanismo, los municipios proponen, pero la Junta dispone. Entiendo que la Junta debe abandonar esta posición de equidistancia y tomar partido del lado de las preocupaciones de la gente.

Creo que la creciente movilización ciudadana contra las macrogranjas a las puertas de elecciones autonómicas ha llevado a la Junta a “echar balones fuera a la desesperada”. Al actuar así deja el problema de las macrogranjas en una situación de mayor vulnerabilidad aún. Para bien o para mal, los Ayuntamientos serán quienes decidan. Habrá algunos que cuenten con la opinión de la ciudadanía a través de procesos participativos transparentes. Habrá otros donde la Alcaldía tomará la decisión que estime conveniente sin consultar a sus vecinos/as. Lógicamente, los promotores de macrogranjas, buscarán éstos últimos Ayuntamientos para sacar adelante sus negocios sucios. Lamayor parte de los Ayuntamientos son muy pequeños, sin medios para desarrollar un proceso con plenas garantías en materia de impacto socioambiental y menos aún para el control estricto de la gestión de residuos y de bienestar animal en el caso de que finalmente salgan adelante dichos proyectos.

Y otra cuestión no menor. Si un proyecto de macrogranja cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿cómo podría un Ayuntamiento evitar la instalación de la misma sin ir contra la ley, es decir, sin prevaricar? Los ayuntamientos deberíanjustificar que la licencia no se puede otorgar por algún motivo mediante un informe técnico muy bien fundamentado en razones ambientales, sociales o económicas. Es decir, debería confluir la firmeza y valentía de la Alcaldía con la pericia de quienes elaboren los informes técnicos municipales. Y claro, frente a ello, estarían las empresas promotoras de macrogranjas con toda su artillería jurídica para recurrir cualquier acto administrativo contrario a sus intereses. Es decir, con mucha probabilidad se entraría en pleitos prolongados ante los tribunales de incierta resolución.Incluso podríamos encontrar fallos judiciales que obligaran a las maltrechas arcas municipales a indemnizar a empresas promotoras de macrogranjas a las que se les hubiera negado la licencia de obra y actividad de manera contraria a derecho.

En el caso de que fuera posible prohibir macrogranjas vía ordenanzas municipales (tras pasar el filtro administrativo de la correspondiente comisión provincial o regional de urbanismo), una corporación municipal posterior podría modificar dichas ordenanzas para que de nuevo fueran permisivas. Así, el riesgo de esta espada de Damocles siempre estaría ahí, preparada para caer en cuanto la correlación de fuerzas políticas en un ayuntamiento se mostrara proclive. Como la administración autonómica deja la decisión en los municipios, más allá de la emisión de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, se convertiría en una simple espectadora respecto a un asunto de vital transcendencia para el medio ambiente y la salud de las personas en su ámbito de competencias.

Y ya puestos, una segunda pregunta muy concreta. ¿Existe algún documento o plan elaborado por la Junta de Comunidades, donde se valore el impacto socioambiental acumulativo sobre la tierra, el agua y el mundo rural, de los agronegocios ligados a los mercados internacionales, tales como la agricultura intensiva de secano y regadío, así como de la ganadería industrial que se están promocionando en esta región?

[1] Es cuestionable que las Declaraciones de Impacto Ambiental sean tan “exigentes”. El hecho de que se necesiten más de 2.000 plazas de cerdos para que sea exigible estudio de impacto ambiental es excesivo. Implícitamente se está considerando que con menos de 2.000 plazas no hay impacto en el medio natural, y eso es muy cuestionable. Por ejemplo, podría darse el caso de muchas granjas de 2.000 plazas en una comarca, que tendrían efectos acumulativos sobre el suelo y las aguas. Antes de la actual Ley de Evaluación Ambiental el límite para tener que someterse a estudio de impacto ambiental era 400 plazas de cerdos, por tanto, la evolución ha sido a cada vez más laxa, no cada vez más exigente.

Por otro lado, la Junta de Castilla-La Mancha está incumpliendo su ley de manera sistemática. Otorga Declaraciones de Impacto Ambiental a proyectos que no cumplen criterios exigidos como la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio cuando el proyecto está en zona protegida (red natura o zona ZEPA), ni la presentación de plan de abonado cuando el proyecto está en zona vulnerable a la contaminación de aguas subterráneas por nitratos (donde se incluye buena parte del territorio de la región).

Igualmente, en 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha derogó la normativa que regulaba la gestión de los purines de porcino, y hasta ahora no se ha sacado ninguna norma que la sustituya, a pesar de tratarse de una actividad con un elevado potencial de impacto ambiental negativo.