Imagínense que por algún avatar de la vida -cómo la crisis de la mediana edad, la envidia ajena al ver un callejeros de «cómo viven los ricos» o creerme que por que yo lo valgo y la vida no me recompensa- me da por cometer una flagrante injusticia para enriquecerme, ya sea timo, engaño, robo o similares. Fruto de mi fechoría me enriquezco indecentemente. Al cabo de cierto tiempo los afectados me localizan y se querellan. No nos engañemos, la justicia rápida, lo que se dice muy rápida no es. Total que entre idas y venidas, abogados,  procuradores, plazos legales, traslados de expedientes, bajas laborales, fiestas patronales, saturación de juzgados, resoluciones en primera instancia y, posterior, elevación a órganos superiores transcurren unos cuantos años hasta que el Tribunal Supremo se pronuncia. Como la injusticia era flagrante, el Supremo da la razón a los querellantes y me condenan, pero, con un matiz: dado que la condena obviamente, me supone un trastorno grave para mi situación económica decide que sólo me haga responsable desde que la fecha de la propia sentencia; con lo cual lo estafado con anterioridad me lo quedo. ¿A que les suena estrambótico?

Pues algo similar ha pasado con la última sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo. El alto tribunal ha apelado al «trastorno económico» que supondría para la banca devolver todos lo cobrado de más y establece que las cantidades a devolver sólo serían desde el 9 de mayo de 2013, fecha en que declaró nulas todas las cláusulas suelos que no fueran transparentes. Existe un importante matiz entre mi hipotético caso y el de la Banca, matiz que es el nudo gordiano de la sentencia. Una sentencia individual no alteraría la macroeconomía española, pero sí la resolución colectiva de todas las cláusulas suelo. O como dice el Supremo «la afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto». Las cifras no las dan (quizá en la sentencia); con lo cual, de momento, no sabemos con exactitud cual sería el trastorno económico, pero tampoco nos debería importar aunque fuese enorme (aquí dan algunas cifras). Si algo es injusto, la cuantía no debería entrar en la ecuación. De lo contrario cuanto mayor fuera el abuso, menor el castigo jurídico.

Se me rompe así uno de los más importantes mitos de la justicia: que es ciega. Es decir, que la situación particular del que comete injusticia influye en la decisión sobre la misma. Me lo cuentan y no me lo creo. Peligrosa puerta se abre entonces. Muy peligrosa. Si no me equivoco una cláusula abusiva es nula de pleno derecho y puede ser declarada irretroactiva (conserva los efectos hasta la declaración de nulidad) o retroactiva (se revierten los efectos hasta el origen). Pues bien, nuestro Tribunal Supremo ya la consideró irretroactiva en 2013 y ahora, la reciente sentencia, insiste en que ni se nos ocurra pedir la devolución del abuso antes del 9 de mayo de 2013; ni a los tribunales concederla, pues muchos hicieron oídos sordos de la irretroactividad, creo que por justicia torera, aunque argumentando para que el Supremo no protestará que un caso particular no tendría efectos letales para la economía.

De todo esto extraigo dos lecciones; dos tristes lecciones:

Primera.- Los conocidos bancos como «Too Big Too Fail» (bancos sistémicos que son demasiado grandes para caer») fortalecen su posición dominante. Ya no sólo es que el Estado inyectará las cantidades necesarias para salvarlos o los nacionalizará, sino que pueden cometer abusos en la negociación con sus clientes, pues los tribunales tendrán en cuenta que las sentencias no les hagan mucha pupa.

Segunda.- La justicia se pone, supuestamente, al servicio de la macroeconomía primando el trastorno económico sobre las garantías jurídicas; y esto es tremendo.

Les comentaba en la entrada anterior… que la exigencia de justicia de un contrato recae no menos en los términos que en su cumplimiento; si bien los sistemas jurídicos actuales tienden a proteger mucho más lo segundo que lo primero. Es más fácil denunciar -y ganar- ante un tribunal de justicia el incumplimiento de un contrato que el abuso en los términos -cláusulas- del mismo.

Esta semana, la vergonzante actuación del pp en el congreso «rechazando anular las polémicas cláusulas suelo de las hipotecas» nos ofrece una magnífico ejemplo para seguir reflexionando sobre el tema. Argumenta Teodoro García, diputado del PP, que «La cuestión no es si deben existir o no las cláusulas suelo, sino que los ciudadanos deben ser informados adecuadamente sobre ellas.» Lo cual me parece una tremenda dejación de la responsabilidad que el gobierno debería tener con la supervisión de que los «términos» de los contratos sean los más justos posibles para sus ciudadanos. Sustituir la «obligación» por la «información» como sugiere este diputado, haría innecesario todo un caudal de legislación prohibicionista. ¿porqué me obligan a ponerme el casco cuando conduzco mi moto? bastaría con que me informasen de que si me caigo me puedo abrir la cabeza (obviedadpor otra parte); ¿porqué me obligan a revisar mi instalación de gas? bastaría con que me dijesen que puede explotar; ¿porqué impiden que los ciudadanos pueden disfrutar plenamente de transporte (uber) o alojamiento (airbnb)? bastaría con que me informasen de los riesgos del servicio… y así podríamos seguir. No entiendo, pues, la desvergüenza de dejar recaer en la mera «información» la protección de los derechos de los consumidores, en un caso tan sensible y vital (derecho a la vivienda) como el el «consumo» de hipotecas.

Merece la pena, por tanto, insistir en la diferencia entre los «términos del contrato» y el «cumplimiento del contrato». Ambas cosas son diferentes y requieren protecciones diferentes. La segunda la garantiza plenamente el poder judicial; la primera también, pero requeriría de una mayor regulación-protección por parte del legislativo. Es responsabilidad del gobierno proteger a los más débiles y evitar que el sistema abuse de forma generalizada de sus ciudadanos.

Tampoco me creo el argumento del encarecimiento del crédito. En parte porque el daño ya está hecho y no afectaría a futuro; es decir, ninguna entidad financiera (que yo sepa)  incluye cláusulas suelo en los nuevos contratos; ni siquiera informativamente. Además en las cláusulas suelo que nos ocupan, tan grave como la ausencia de información es la desproporcinalidad de la cláusula al tener un suelo muy alto y un techo muy altos (3-4%; 12-14-%), con lo cual es muy díficil que los hipotecados pudieran beneficiarse de una subida de tipos cómo si se han visto perjudicados por la bajada.

El argumento del encarecimiento del crédito ya se esgrimió cuando se planteó la posibilidad de la dación en pago de los inmuebles. En este caso tampoco me lo creo. Puede que al principio, subiera el coste de los créditos pero al final acabaría ajustándose si se garantizase un mercado competitivo entre las entidades financieras. En otros países existe y el mercado se ajusta. De hecho, las hipotecas constituídas tras la crisis son sensiblemente más caras (maryor diferencial respecto al Euribor) sin que se hayan modificado los supuestos que estamos comentando. Con lo cual, no me vale el argumento.

Me parece que lo que realmente está en juego son los miles de millones de Euros que la banca ha estafado a los hipotecados y que, de tener que ser devueltos, requerirían de una nueva inyección de fondos en las entidades más débiles. Al final, todo se reduce a lo mismo: dinero. Y si éste contradice mis principios de protección para con mis ciudadanos-electores, no preocupo, pues como decía el genial Groucho Marx: «Tengo otros».