En una entrada anterior (aquí) comentaba que la crisis financiera global podría interpretarse como la consecuencia del desarrollo de una nueva generación de armas de destrucción masiva: los productos financieros tóxicos. La expresión la acuñó, el nada sospechoso, Warren Buffet afirmando que «los derivados financieros, efectivamente, son armas de destrucción masiva» para la economía. Paralelamente, la existencia de armas de destrucción masiva nos remite al concepto de «crímenes económicos contra la humanidad«. El desarrollo de ambos conceptos desde el punto de vista jurídico y politológico resulta realmente interesante como contrapunto al desarrollo descontrolado de un modo de entender el capitalismo al que le sientan muy mal los corsés reguladores y para el que cualquier intervención política es una intervención mala. (En este sentido, algo de culpa tiene la propia política cuando asume su rostro mas corporativo y mezquino y tan alejado de la prostituidas expresiones «interés general» y «cosa pública»).
Traigo todo a esto a colación de un reciente post en «The Economist» que me ha hecho pensar en una nueva modalidad de armas «económicas» de destrucción masiva: la ingeniería fiscal.
El gráfico es lo suficientemente elocuente para ilustrar el argumento que titula el artículo: La recaudación impositiva de las grandes corporaciones cae a pesar del aumento de los beneficios.
Los circulitos de la de la derecha son contundentes. En el año 1947 la recaudación impositiva fue del 36,7% sobre los beneficios. En el año 2012 descendió al 12,4%. Sobran las palabras.
Personalmente, considero esta «ingeniería fiscal» tan desestabilizadora y tan»crimen económico contra la humanidad» como la desregulación financiera. Pues sin «arrimar el hombre» es muy difícil que la «res publica» (que decían los romanos) pueda funcionar adecuadamente. Los estados de bienestar occidentales, sustentados sobre un amplio consenso contributivo y que tanta paz social y calidad de vida han proporcionado en las últimas décadas, no pueden funcionar cuando los «pícaros fiscales» se aprovechan legalmente de los resquicios de la ley; cuando los agentes económicos con mayor capacidad contributiva eluden «alegalmente» sus responsabilidades. Así la cosa no funciona. Y no hay más.