Artículo de Luis BOURGUET

En referencia a los derechos humanos en México.

Es evidente que antes existía una distinta aceptación generalizada de la expresión “derechos humanos”, que en 2011 se incrustó en el texto de la Constitución. Antes de ese año ya existía la concepción, pero no estaba del todo democratizada. Este artículo aporta una visión fresca de las restricciones a los derechos humanos e invita a repensar su utilidad a favor de las libertades.

Toda libertad tiene un límite y todo derecho tiene restricciones dispuestas por las autoridades en diversos instrumentos. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que la previsión y la aplicación de requisitos para ejercitar los derechos humanos no constituyen en sí mismos una restricción indebida a las libertades,1 aunque sí admite que existen restricciones.

Las normas internacionales y las mexicanas prevén restricciones a las libertades, que al ser consideradas en las normas presumimos que son legítimas. Las normas internaciones y nacionales coinciden en que se deben cumplir determinadas exigencias, previstas para instituciones y normas. El punto de partida de las restricciones está en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en México, en el artículo 29 de la Constitución. Ambas establecen la imposibilidad de restringir los derechos en mayor medida que lo previsto por ellas.

En el ámbito internacional la Corte Interamericana ha precisado las condiciones y los requisitos que deben cumplirse,2 y en el ámbito nacional lo ha hecho la Suprema Corte.3 Ambas realizan tarea interpretativa.

El cuerpo normativo interamericano está integrado por la Convención Americana, la Declaración Americana, los protocolos, los reglamentos y la jurisprudencia. Además interviene, en cada caso, el ámbito normativo del país de que se trate; en lo que concierne a México, el Derecho mexicano.

La Convención fue escrita con cláusulas abiertas, esto es, con enunciados que permiten recoger los principios nacionales de los países que integran el sistema; por lo tanto, su redacción permite el desarrollo normativo y la interpretación.

Por ejemplo, el artículo 22 de la Convención sobre el derecho a la circulación y a la residencia prevé la libertad de circulación y la posibilidad de que ésta sea restringida por la ley por razones de interés público. En México, podría ser una razón de interés público la responsabilidad criminal, según el artículo 11 constitucional.

En el ámbito interamericano la interpretación se realiza por medio de sentencias, opiniones consultivas y otras actividades. Las sentencias, al resolver casos concretos, arrojan elementos al concepto, causando una expansión que busca ser ordenada y congruente.

La construcción del concepto de restricciones legítimas se nutre de las normas y las interpretaciones. En el caso de México, además del artículo 29 de la Convención, el mismo artículo, pero de la Constitución, prevé la posibilidad de que ciertas libertades sean restringidas. Esta medida debe ser temporal y delimitada. Así también existen restricciones en otros artículos.

Desde este punto de vista, el artículo 29 constitucional tiene una doble función: establece la posibilidad de instaurar restricciones de algunas libertades en casos extraordinarios (por ejemplo, durante una invasión armada) y prohíbe tajantemente restricciones a libertades básicas (por ejemplo el derecho a la vida).

El Derecho interamericano y el Derecho mexicano se nutren mutuamente. Por lo tanto, las restricciones legítimas continúan expandiéndose, al grado de que se han producido interpretaciones en el sentido de que “la persona humana se ha convertido en el verdadero centro y eje de protección”.4

La renovación de principios jurídicos sirve de guía a las normas y a las instituciones.5 Su importancia y aceptación se basa en la relación entre los fenómenos sociales y las normas: “Los valores y los principios están relacionados con las costumbres y las creencias más importantes de una comunidad…”6

Desde este enfoque, cualquier restricción legítima debe responder con un sí a cinco preguntas: ¿es legal la restricción?, ¿busca cumplir el objeto de la norma?, ¿es necesaria en una sociedad democrática? (estas tres primeras desarrolladas por la Corte Interamericana y las siguientes dos por la Corte mexicana), ¿la restricción persigue finalidades constitucionales validas?, ¿se afecta innecesaria o desmedidamente otros derechos fundamentales?

¿Es legal la restricción?

Significa que la norma que establece la restricción debe ser una ley formal y material,7 que sea producto de un proceso legislativo de creación, discusión, aprobación y publicación instruido en el marco previsto por la Constitución; por ejemplo, la Ley de Salud que regula el consumo de tabaco.

¿Busca cumplir el objeto de la norma?

Es la causa que regula la norma y que se busca con su cumplimiento; por ejemplo, la norma que regula el derecho al voto y que garantiza que sea secreto para elegir a representantes populares, pues busca garantizar el ejercicio del voto, sin presión alguna.

¿Es necesaria en una sociedad democrática?

Esta pregunta es indispensable para calificar la restricción e incluye tres subpreguntas: a) ¿Se satisface una necesidad social imperiosa? Esta cuestión debe ser contestada con razones históricas, filosóficas, teóricas y políticas; las de mayor peso de las cuales deben prevenir los valores nacionales y orientarse a la satisfacción del interés público. b) ¿Se ajusta estrechamente al objetivo legítimo de la norma? En este caso, el resultado que se produce por la aplicación de la norma tiene como consecuencias sociales la legalidad, la equidad y el orden público. c) ¿Es la que restringe en menor grado el derecho protegido? Debe adoptarse por medio de los mecanismos que faciliten y amplíen el acceso al Derecho; lo esencial es que existan condiciones de igualdad. Hay que recordar que el Estado tiene atribuciones para restringir, pero no para excluir ni discriminar.

Además, se suman las interrogantes que ha planteado la Suprema Corte.

¿La restricción persigue finalidades constitucionales válidas?

Se debe tener claro que la restricción planteada tiene que ser permitida por la Constitución y dar cumplimiento a uno o varios principios constitucionales.

¿Se afecta innecesaria o desmedidamente otros derechos fundamentales?

Este ejercicio de reflexión permite valorar si la medida que busca ser una solución causa mayores afectaciones y conduce a identificar la gravedad de sus consecuencias, antes de su puesta en funcionamiento.

En conclusión, las normas y las instituciones expanden continuamente el concepto de restricciones a las libertades. Si las instituciones y las normas no persiguen el desarrollo humano a través de las libertades, el desarrollo sustentable de la actividad humana y la sustentabilidad ecológica, sus actuaciones no responderán afirmativamente las preguntas anteriores y, por lo tanto, serán restricciones ilegitimas a los derechos humanos, pues, ¿de qué sirve el Derecho si no ayuda al desarrollo humano y ecológico, a la búsqueda de la felicidad y al desarrollo de la civilización?

Fuente: http://elmundodelabogado.com