El Tribunal Constitucional (TC) va a avalar la constitucionalidad de la segregación por sexos en los colegios que han decidido aplicarla. Y también, muy probablemente, el empleo de dinero público para subvencionar a los centros que llevan a cabo dicha separación. Sobre este segundo punto hay más discusión, aunque el proyecto de sentencia que estudia el TC es favorable a las subvenciones de tales colegios.

El PSOE había presentado un recurso contra ambas cuestiones, entre otros aspectos de la ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La impugnación se realizó en el 2014, y los socialistas presentaron la iniciativa como una cuestión de principios, argumentando en su día que “siempre” estarían en contra de dicho tipo de segregación.

Los magistrados ya debatieron sobre la Lomce en otros plenos y el proyecto de resolución se ha ido modificando.

Es muy probable que el Constitucional concluya sus debates y dé a conocer la sentencia mañana. El asunto figura en el orden del día del pleno que empieza hoy, pero antes se tratarán otras cuestiones. Los magistrados ya debatieron sobre la Lomce en otros plenos anteriores, y el proyecto de resolución se ha ido modificando a medida que se hacían nuevas aportaciones y se negociaba punto por punto.

Hace dos semanas, en el último pleno, el problema de la segregación por sexos en centros escolares quedó sobre la mesa, habiendo provocado una gran discusión, con diversos planteamientos enfrentados. El ponente de la sentencia, Alfredo Montoya, perteneciente al sector conservador del TC, propone la constitucionalidad de ambas cuestiones, la segregación por sexos y las subvenciones a los colegios que la apliquen. Pero hay grados y matices que siguen en discusión.

En el último pleno, el problema de la segregación por sexos en centros escolares quedó sobre la mesa

En principio, la mayoría conservadora del TC se decanta a favor de considerar plenamente constitucional que los centros que así lo decidan puedan segregar por sexos. Pero el debate fue más intenso a propósito del ajuste constitucional o no del empleo de dinero público para subvencionar a los centros educativos que apliquen la mencionada opción. En medios del propio Constitucional no se descarta la hipótesis de que al final sea el presidente de la institución, Juan José González Rivas, quien tenga que decantar el debate haciendo uso de su voto de calidad, solución prevista para los casos de empate. No sería la primera vez. Ya utilizó este mecanismo en una resolución sobre un asunto relacionado con determinadas prestaciones sanitarias.

En la sentencia que se está debatiendo, los matices vienen de la mano del grado de obligatoriedad respecto a las subvenciones a colegios que segreguen por sexos. Una cosa es que puedan subvencionarse este tipo de centros y otra que tenga que hacerse forzosamente. El sector más conservador del TC está a favor de un régimen amplio de subvenciones, y el más progresista considera que no hay que gastar ni un euro procedente del dinero público para atender a los gastos de dichos colegios. Una cosa es que se pueda segregar por sexos y otra distinta que haya que subvencionarlo.

Cabe la posibilidad de que, al final, la cuestión quede regulada en términos tales que en una comunidad autónoma haya subvenciones para dichos centros y en otra no. En ambas cabrá subvencionar la educación segregada, pero que se haga o no dependerá de la decisión política que los gestores educativos adopten en cada caso.

En principio, el presidente del TC y los magistrados Andrés Ollero y Santiago Martínez Vares son los más inclinados a apoyar las posiciones que defiende la ponencia elaborada por el también magistrado Alfredo Montoya. Los más críticos, en cambio, son Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. En una zona intermedia se han movido los cuatro restantes, es decir, Pedro González-Trevijano, Ricardo Enríquez, Encarna Roca –vicepresidenta del TC– y Antonio Narváez. Es por estar de este modo los equilibrios internos que no se descarta que al final el presidente del Constitucional tenga que desempatar. No obstante, se tratará de evitarlo, para que la sentencia no fracture al TC, que siempre trata de huir de la imagen de división en asuntos clave. Y éste tiene una clara trascendencia constitucional, porque de lo que se trata, en definitiva, es de distintas concepciones sobre el modelo educativo del país.

Cabe la posibilidad de que, al final, la cuestión quede regulada en términos tales que en una comunidad autónoma haya subvenciones para dichos centros y en otra no

Fuente: http://lavanguardia.com