No violación del CEDH en asunto de cadena perpetua

La Gran Sala del TEDH ha dictado sentencia en el asunto Lhermitte c. Bélgica, en el que la demandante reclamaba que en el procedimiento penal seguido contra ella, no pudo llegar a conocer las razones que habían llevado al jurado popular a reconocer su culpabilidad, y que por tanto, había sido condenada a cadena perpetua sin haber obtenido una argumentación suficiente de las razones para ello.

La demandante es una ciudadana belga, que en el año 2007 confesó haber matado a sus cinco hijos y haber tratado de suicidarse después. En el procedimiento penal seguido en su contra, un equipo formado por tres psiquiatras forenses determinó que al momento de acontecer los hechos, la acusada sufría una enajenación mental que le impedía controlar sus actos. A pesar de ello, el jurado popular la declaró culpable del asesinato de sus cinco hijos y el tribunal penal dictó sentencia condenatoria aplicándole cadena perpetua. El tribunal de casación desestimó su recurso en 2009. La demandante reclama que en la sentencia del tribunal penal no se expresaban las razones que habían llevado al jurado popular a descartar el informe pericial elaborado por el equipo de psiquiatras forenses, y que por tanto no pudo conocer los motivos de su condena, lo que contraviene el artículo 6.1 CEDH (derecho a un proceso judicial justo y equitativo).

Tras una primera sentencia de 2015 de la Sección Segunda del TEDH, en la que por cuatro votos frente a tres concluía con la inexistencia de violación del artículo 6.1 CEDH, la Gran Sala ha ratificado la sentencia anterior, por diez votos frente a siete, al determinar que una vez finalizado el procedimiento penal, la demandante era conocedora que las razones por las que el jurado popular la había declarado culpable. Según razona, la situación mental de la acusada fue en todo momento el objeto central del proceso, y se siguió el procedimiento establecido en la ley, con las debidas garantías procesales. Reconoce que a pesar de que en un momento inicial no se habían revelado los motivos que llevaron al jurado popular a determinar que la acusada era dueña de sus actos, en las sentencias del tribunal penal y de tribunal de casación sí que se señalaban las razones de su culpabilidad, por lo que entendiendo el procedimiento en su conjunto, la demandante pudo entender los motivos de su condena. Por ello, la Gran Sala concluye con la inexistencia de violación del artículo 6.1 CEDH.

Prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias

El siguiente post va destinado a aquellas situaciones en las que sólo una parte de la deuda tributaria es recurrida jurisdiccionalmente y el sujeto pasivo expresa su conformidad con el resto, la Administración tributaria puede y debe ejecutar inmediatamente esa parte de la deuda liquidada respecto de la que existe conformidad del sujeto pasivo.

No existe obstáculo conceptual definitivo para que la Administración pueda cobrar una parte de la deuda, respecto de la que existe conformidad del sujeto pasivo (máxime cuando ésta es objeto de una comunicación formal y voluntaria dirigida a la Administración por parte del sujeto pasivo), mientras se decide jurisdiccionalmente la conformidad o disconformidad a Derecho del resto de la misma deuda que el sujeto pasivo sí discute. De lo contrario, podría generarse el absurdo resultado consistente en que el sujeto pasivo quisiera cumplir con su obligación de contribuir en el momento en que quedó definitivamente determinada esa parte de la deuda y que fuera la Administración la que le negara la posibilidad de efectuar el ingreso correspondiente, demorando éste durante años, hasta que recayera resolución judicial firme en un litigio cuyo resultado en ningún modo podría afectar a aquella parte de la deuda.

Tampoco cabe oponer válidamente frente a dicha posibilidad razones puramente prácticas u organizativas de la Administración relativas a la multiplicidad de ejecuciones simultáneas que se generarían si fuera posible la ejecución de trozos de la deuda tributaria.

Es cierto que, por regla general, cuando las liquidaciones son objeto de impugnación jurisdiccional y se acuerda la suspensión respecto de ellas, la efectiva ejecución de las mismas, en su totalidad y de manera unitaria, se demora hasta que recae sentencia firme. Pero, ello no es óbice para que, cuando sólo una parte de la deuda es recurrida jurisdiccionalmente y el sujeto pasivo expresa su conformidad con el resto, pueda y deba la Administración ejecutar inmediatamente esa parte de la deuda liquidada respecto de la que existe conformidad del sujeto pasivo.

Entender lo contrario significaría sostener que la Administración, pese a disponer de la posibilidad de recaudar inmediatamente el importe de la parte no discutida de la deuda, pueda demorar sin causa que lo justifique el referido ingreso con evidente perjuicio para la liquidez del erario público y, por ende, de los intereses generales, cuya protección y defensa son, precisamente, las que sirven de título legitimador al reconocimiento constitucional de las potestades atribuidas a la Administración en general y a la Administración Tributaria en particular. Por tanto, ese criterio no es, a juicio de la Sala, conciliable con la posición constitucionalmente asignada a la Administración Tributaria.

Tampoco encuentra cobertura tal criterio en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo dado que los supuestos enjuiciados no son asimilables (Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2003, de 20 de junio de 2011, de 5 de febrero de 2015, y de 9 de marzo de 2015) y por tanto la doctrina sentada en las mismas no es de aplicación al presente caso, precisamente por las peculiaridades de éste, en las que una parte de la deuda quedó definitivamente determinada tras la sentencia de instancia y fue la parte recurrente en casación la que, tras dicha sentencia y de buena fe, comunicó a la Administración formalmente su conformidad con todos los extremos de la deuda salvo con el que fue objeto del recurso de casación.

En definitiva, la conclusión alcanzada a la vista de las peculiares circunstancias del caso, aun no encontrando cobertura expresa en un concreto pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre supuesto de hecho idéntico, es la que mejor se acomoda a las exigencias constitucionales sobre la posición constitucional de la Administración tributaria, que conlleva para ésta la obligación de promover el cobro de las deudas tributarias (sea en su totalidad o en la parte no discutida) tan pronto como le sea legalmente posible, con la consecuencia, en caso contrario, de que comiencen a correr a partir de ese momento los plazos de prescripción de su derecho a exigir el pago y que, como en este caso, se consume dicha prescripción por el transcurso de los mismos.

Convivencia homosexual sin vínculo matrimonial a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Ante el Tribunal Constitucional se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad a efectos de la aplicación de una reducción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los casos de parejas homosexuales que convivan sin existir vínculo matrimonial.

El caso es el siguiente: una mujer soltera y sin descendientes fallece el 20 de enero de 2001, habiendo otorgado ante notario un testamento abierto, de fecha 3 de abril de 2001, en virtud del cual instituía heredera universal y única a su pareja, con la cual mantenía una relación homosexual more uxorio, sin haber podido contraer matrimonio. La Oficina liquidadora le gira liquidación provisional, la cual fue confirmada con posterioridad, en concreto, en el año 2004, como definitiva.

A estos efectos, hay que tener en cuenta que con posteriodad al fallecimiento (momento del devengo del impuesto) hubo una reforma de la normativa reguladora a estos efectos, habiendo sido aprobadas en Asturias, tanto la Ley 4/2002, de 23 de mayo de 2002, de Parejas Estables, así como la Ley 15/2002, de 27 de diciembre de 2002, en virtud de la cual se introducía una mejora en la reducción que establece el artículo 20.2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya que se permitía que la misma fuese aplicada a las parejas estables definidas en la Ley 4/2002, equiparándose a los cónyuges. Además se permitía que los coeficientes multiplicadores del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones fuesen aplicados en los mismos términos. Asimismo, la Ley 13/2005, de 1 de julio de 2005, modificó el Código Civil, permitiéndose a los homosexuales contraer matrimonio.

Ante la desestimación de sus pretensiones, fue interpuesto recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central y, posteriormente, recurso contencioso-administrativo, argumentando la violación del derecho de igualdad (artículo 14 de la Constitución Española), al haberse negado la aplicación de la reducción del artículo 20.2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones así como el coeficiente multiplicador del Grupo II (aplicable a los cónyuges), basando sus argumentaciones en la aplicación retroactiva de las citadas Leyes 13/2005, 4/2002 y 15/2002, en una interpretación del artículo 20.2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones conforme a la realidad social y en la existencia de discriminación indirecta. A este respecto, hay que aclarar que antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2005, el miembro de la pareja homosexual al ser considerado como extraño respecto del causante, quedaba incluido en el Grupo IV de parentesco, lo que suponía un trato fiscal mucho más desfavorable que el recibido por el cónyuge viudo, el cual era incluido dentro del Grupo II.

Con posterioridad, fue presentado recurso de casación, habiendo dejado la Sala del Tribunal Supremo sin efecto el señalamiento para votación y fallo, con el fin de oír a las partes y Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 20.2, letra a), Grupo II de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en cuanto circunscribe a los cónyuges su régimen. Aunque la Administración General del Estado, el Principado de Asturias y la Fiscalía han considerado innecesaria la presentación de dicha cuestión de inconstitucionalidad (ya que ven claro que la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se refiere solo a los cónyuges) el Tribunal Supremo recuerda anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto (entre otras, las Sentencias 92/2014, 93/2014 y 157/201) en los cuales se menciona que, dentro de las discriminaciones prohibidas por el artículo 14 de la Constitución se encuentra las de orientación sexual; se reconoce como realidades diferentes el matrimonio y la convivencia extramatrimonial, lo cual justifica en algunos casos existan tratamientos distintos; y recuerda que en diferentes ámbitos la configuración del matrimonio se refiere a personas de diferente sexo, lo cual es una opción del legislador acorde con la Constitución. No obstante, el Tribunal Constitucional deja determinadas dudas acerca de la constitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en esta materia.

Sin embargo, no hay que olvidar que aunque en el ámbito social se ha reconocido la pensión de viudedad al cónyuge supérstite, en el ámbito fiscal lo que se grava es la capacidad económica, atendiendo a la cuantía de lo adquirido y el grado de parentesco entre el transmitente y adquirente. Por tanto, al tratarse la reducción como los coeficientes multiplicadores y mínimos exentos de elementos estructurales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, hay que atender en cada caso a los grupos de parentesco. A estos efectos, hay que recordar que el Tribunal Constitucional viene exigiendo que el trato dispar en situaciones homologables ha de atender a un fin lícito, así como a la concurrencia de una doble garantía: la razonabilidad de la medida (ya que no toda desigualdad supone una infracción del artículo 14 de la Constitución, sino solo la que no tiene una justificación objetiva y razonable) y la proporcionalidad de la medida entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

En consecuencia, ya que el Tribunal Supremo entiende que se trata de dos situaciones equiparables y siendo consciente de que el Tribunal Constitucional no considera contraria per se a la Constitución la falta de equiparación normativa entre el matrimonio y la pareja de hecho, a la vista de las particulares circunstancias de este supuesto (teniendo en cuenta que las parejas homosexuales tenían prohibida por Ley la perfección del matrimonio, así como el reducido margen de configuración que el artículo 31 de la Constitución ofrece al legislador tributario a la hora de establecer diferencias de trato fiscal), alberga dudas sobre la constitucionalidad de esta norma que restringe su aplicación al cónyuge viudo (impidiendo por tanto que se acoja al régimen fiscal más favorable el miembro de una pareja homosexual que no pudo legalmente contraer matrimonio con el causante), motivo por el cual decide plantear cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional determine, en su caso, la existencia de razonabilidad y proporcionalidad en la disparidad de trato en el artículo 20.2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre la unión familiar y los miembros de una pareja de hecho homosexual que conviven sin vínculo matrimonial.

Publicado en ISD

Entrada en el domicilio de personas jurídicas

La entrada, por parte de los inspectores de Hacienda, en las dependencias de una persona jurídica sin advertencia al interesado de sus derechos supone una quiebra esencial de la garantía de información para recabar su consentimiento, que de esta forma resulta viciado.

Según la reciente doctrina del Tribuna Constitucional (STC 54/2015), el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es extensivo a las personas jurídicas, si bien no existe una plena correlación entre el concepto legal de domicilio de las personas jurídicas establecido por la legislación mercantil, con el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que éste es un concepto de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo.

Las personas jurídicas gozan de una intensidad menor de protección, por faltar una estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido originario; esto es, el referido a la vida personal y familiar, sólo predicable de las personas físicas. De suerte que ha de entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.

En el presente caso, los funcionarios actuantes acudieron al domicilio social de la entidad mercantil, acompañados de un sargento de la Policía y portando una autorización administrativa, que no fue necesario exhibir puesto que el acceso y posterior registro les fue facilitado por los socios administradores habilitados para ello por ostentar la representación legal de la sociedad. Los funcionarios entraron en las dependencias de la empresa y sin que a ninguno de los socios se informara del derecho que les asistía a oponerse a la entrada.

Debemos, por tanto, analizar si se han cumplido los requisitos del consentimiento del titular del derecho cuando, como en este caso, el consentimiento actúa como fuente de legitimación constitucional de la injerencia en el ámbito de los derechos fundamentales de la Constitución Española (artículo 18). En este ámbito, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el consentimiento eficaz del sujeto particular permite la inmisión en su derecho a la intimidad, si bien no precisa ser expreso, admitiéndose también un consentimiento tácito; en supuestos referentes al derecho a la inviolabilidad del domicilio de la Constitución (artículo 18.2), ha indicado asimismo que este consentimiento no necesita ser expreso y que, salvo casos excepcionales, la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar no podrá entenderse como un consentimiento tácito.

Ahora bien, en todos los casos, el consentimiento eficaz tiene como presupuesto el de la garantía formal de la información expresa y previa, que debe incluir los términos y alcance de la actuación para la que se recaba la autorización injerente. Así, en el ámbito del derecho a la intimidad, se ha apreciado la vulneración de dicha garantía en los casos en que la actuación no se ajusta a los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la actuación que se realiza y el objetivo tolerado para el que fue recabado el consentimiento. En el presente caso, la entrada en las dependencias de la empresa se hizo sin advertencia de derechos al interesado, por lo que los funcionarios actuantes no podían considerar que la falta de oposición del obligado tributario fuera suficiente, pues su Reglamento de actuación les obligaba a despejar toda duda mediante la instrucción de derechos al interesado, advirtiéndole de la posibilidad de oponerse a la entrada en el domicilio para llevar a cabo la actuación inspectora.

Junto a ello, también ha de tenerse en cuenta que los actuarios portaban una autorización administrativa para la entrada que no fue necesario exhibir al ser facilitado el acceso por los socios administradores. Este dato es relevante en este caso pues la advertencia de derechos lógicamente debía incluir este dato, esto es, que portaban una autorización administrativa para el caso de negativa u oposición del obligado tributario, lo cual nos sitúa en una hipótesis de información manifiestamente insuficiente para recabar el consentimiento, pues la autorización administrativa en modo alguno habilita la entrada en los espacios físicos que constituyen el domicilio de la persona jurídica objeto de protección constitucional.

En consecuencia, en este caso se aprecia una quiebra esencial de la garantía de información para recabar consentimiento del interesado, que de esta forma resulta viciado, de lo que se concluye que no hay un consentimiento eficaz para justificar la intromisión domiciliaria en el supuesto contemplado y ello determina la apreciación de la lesión de la Constitución (art.18.2) por la entrada en el domicilio social.

Dilaciones en el procedimiento inspector tributario

Toda inspección que se precie y en la que el contribuyente adopte una actitud mínimamente combativa, suele concluir con un sinfín de dilaciones que la Inspección imputa al sujeto inspeccionado, y en las que básicamente, le culpa del retraso con el que se ha tramitado el procedimiento.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, ha declarado que la imputación de dichas dilaciones debe contar con la suficiente
motivación. Cabe pues preguntarse: ¿justifica Hacienda las dilaciones que imputa a los contribuyentes? Ciertamente, el cargar al contribuyente con las consecuencias del retraso del expediente, mediante el mecanismo de la imputación de dilaciones es una práctica muy habitual de la inspección,que genera muchísima litigiosidad.

No en vano, en muchos casos está en juego la posibilidad de que algunos de los ejercicios objeto de comprobación puedan declararse prescritos. Y es que, si el procedimiento dura más de un año, y se han imputado incorrectamente las dilaciones al contribuyente, la consecuencia será que las actuaciones realizadas no habrán interrumpido la prescripción, y consecuentemente puede haber prescrito el derecho de la Administración a practicar liquidación sobre la totalidad o parte de los ejercicios comprobados.

La jurisprudencia ha venido delimitando los supuestos en los que no es admisible la imputación de dilaciones a los sujetos inspeccionados. Así, no puede imputárseles retraso alguno por no entregar documentación para cuya aportación no se fijó un plazo concreto. Tampoco pueden
seguir imputándose dilaciones, una vez la inspección ha constatado que el contribuyente no va a poder aportar la documentación solicitada.
Pero además, la Inspección debe motivar adecuadamente las dilaciones imputadas a los contribuyentes, como una reciente sentencia del Tribunal Supremo se ha encargado de precisar.

En efecto, la sentencia del Alto Tribunal de 10 de diciembre de 2014 ha reconocido esta necesidad de motivación respecto a las dilaciones que se imputen a los contribuyentes, confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2012. En el supuesto enjuiciado, se había superado con creces el plazo de duración del procedimiento de inspección, de tal forma que si el Tribunal anulaba tan solo un día de dilación, habría prescrito la posibilidad de Hacienda de practicar liquidación. En estos casos, y en general en todos aquellos en los que la inspección tramita el procedimiento con escaso margen respecto al plazo máximo legalmente previsto existe, a juicio del Tribunal, la sospecha de que el citado plazo se reconstruye a posteriori, inventando o prolongando artificialmente las dilaciones del procedimiento, achacándolas a la actitud del contribuyente. Y ello, con la única finalidad de extender de forma ficticia el plazo máximo del procedimiento, más allá de los plazos legalmente establecidos.

La motivación por otro lado, es preceptiva en los actos de gravamen, como son las liquidaciones que siguen a las actas de Inspección. Pero en
el caso de las dilaciones, es si cabe más necesaria, teniendo en cuenta que sirven para justificar la aplicación de una excepción a la regla general del plazo de duración de doce meses del procedimiento inspector.

Todo lo anterior hace imprescindible la exigencia de motivación a la hora de imputar a los contribuyentes dilaciones y cargarles con las consecuencias del retraso del procedimiento, tal y como han reconocido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pero, ¿a qué extremos debe referirse tal motivación? ¿Qué tiene que justificar la Inspección? Básicamente, deberá motivarse la causa de la dilación, la documentación que se requirió, su influencia para la regularización, el modo en que se cumplió el requerimiento (si total o parcialmente), especificando si se hizo en cada caso dentro del plazo conferido al efecto, si se advirtió al contribuyente de las consecuencias del retraso… Finalmente, la Inspección debe argumentar en qué medida el retraso provocado por el contribuyente ha entorpecido las actuaciones de la Inspección, retrasando diligencias que se tenían ya previstas, y que dependían de otras anteriores afectadas por el retraso.

Es evidente que la inspección tiene mucho que mejorar en este punto y que mientras tanto, los contribuyentes pueden aprovechar la ausencia de motivación en las dilaciones para tratar de ganar prescripciones que parecían perdidas. Y es que aunque la inspección sí suele explicar la causa del retraso, la documentación que requirió y el modo en que se cumplió el requerimiento, pocas veces justifica la influencia que la documentación solicitada tenía para el procedimiento, y prácticamente nunca, la medida en la que el retraso en aportar dicha documentación ha entorpecido la marcha del procedimiento, y ha obligado en consecuencia a la Inspección a paralizar el mismo hasta comprobar si podía obtenerla.

Se abre pues una vía para dejar sin efecto la imputación de dilaciones realizada por la Inspección, y en consecuencia, para obtener de los Tribunales una declaración de prescripción.

Fechas inicio campaña de Renta y Patrimonio 2014

Como todos sabéis, el día 7 de abril comenzó la campaña de Renta y Patrimonio 2014, por lo que pasamos a recordaros, de forma esquemática, las fechas más importantes de la misma:

Desde el 7 de abril:
• Obtención del número de referencia del Borrador y/o Datos fiscales (RENØ) por Internet.
• Confirmación y modificación de borradores por teléfono (901 200 345) y por internet. La confirmación de borradores a devolver podrá realizarse a través del teléfono automatizado (901 12 12 24) o por SMS.
• Descarga del programa PADRE.
• Presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio (exclusivamente por Internet).

Desde el 6 de mayo: Se inicia el servicio de petición de Cita Previa para la confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones, que podrá realizarse por Internet o a través del teléfono 901 223 344. El último día para solicitar la cita previa será el 29 de junio.

Desde el 11 de mayo: Se podrá presentar en papel el borrador o la propia declaración ante entidades de crédito colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT.

Hasta el 25 de junio: Último día para confirmar el borrador de la declaración o presentar la declaración de la Renta cuando resulten a ingresar y su pago se domicilie en cuenta.

Hasta el 30 de junio: Último día para confirmar y presentar el borrador o la declaración cuando resulte a devolver, se renuncie a la devolución, cuota negativa o resulte a ingresar pero no se opte por su domiciliación o se opte por domiciliar únicamente el segundo pago (el 5 de noviembre de 2015).

Normas para la declaración del IRPF del ejercicio 2014

En este ejercicio 2014, la principal novedad del IRPF, reflejada en el modelo de declaración aprobado, tiene por objeto permitir la compensación de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas con anterioridad al 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales.

Asimismo, destacamos:

a) Plazo de presentación: cualquiera que sea el resultado de la declaración, el plazo será:

– el comprendido entre los días 7 de abril y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por vía electrónica a través de Internet; o

– el comprendido entre los días 11 de mayo y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por cualquier otro medio.

b) Forma de presentación y lugar de presentación e ingreso: se mantiene, respecto a este punto, la regulación existente en el ejercicio anterior, destacando que aquellos contribuyentes que presenten declaración por el IP, estarán obligados a presentar electrónicamente a través de Internet la declaración del IRPF.

Sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo la Ley General Tributaria, respecto a los plazos para el fraccionamiento de pago, sin interés ni recargo alguno, del importe de la cuota diferencial resultante de la declaración en dos partes, se establece: la primera, del 60% de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el día 5 de noviembre de 2015, inclusive. Si no se hubiese domiciliado el segundo plazo en entidad colaboradora, los contribuyentes deberán efectuar, directamente o por vía electrónica, el ingreso de dicho plazo en cualquier oficina situada en territorio español de estas entidades (bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito) hasta el día 5 de noviembre de 2015, inclusive, mediante el modelo 102.

Por su parte, la domiciliación bancaria de las declaraciones podrá realizarse desde el día 7 de abril hasta el 25 de junio de 2015, ambos inclusive; no obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del IRPF, la misma podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2015. Siendo la AEAT la que comunique la orden de domiciliación bancaria del contribuyente a la entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en su caso, el día 30 de junio de 2015, a cargar en la cuenta el importe domiciliado, ya sea la totalidad de la deuda tributaria o el importe correspondiente al primer plazo. Si se hubiese procedido a la domiciliación, también, del segundo plazo, la entidad colaboradora procederá, en su caso, el día 5 de noviembre de 2015 a cargar en cuenta dicho importe.

c) Presentación electrónica: la misma debe efectuarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 11 de la Orden Ministerial HAP/2194/2013. No obstante, en el caso de declaraciones con resultado a ingresar, cuando el pago no se realice mediante domiciliación bancaria o cuando se realice el pago parcial con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, compensación, reconocimiento de deuda o mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) de la entidad colaboradora por alguna de las siguientes vías: de forma directa, bien en sus oficinas o bien a través de los servicios de banca electrónica que aquellas presten a sus clientes; por vía electrónica, utilizando un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la L 59/2003, de Firma Electrónica que resulte admisible por la AEAT según la normativa vigente en cada momento; o también por vía electrónica, mediante el uso del sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario.

En el caso de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges, para su presentación los dos deben disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido, o consignar el NIF del declarante, el NIF del cónyuge y el correspondiente código de acceso o número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Tributaria.

En los supuestos de autoliquidaciones correspondientes a cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro la renuncia al cobro de la devolución, si alguno de los cónyuges opta por el sistema de presentación electrónica de la declaración, la declaración correspondiente al otro debe presentarse también por este sistema. La presentación de ambas declaraciones se realizará con arreglo al procedimiento que en cada caso proceda, según el resultado final de las mismas.

Se acepta que los documentos o escritos y, en general, cualesquiera otros no contemplados expresamente en los propios modelos de declaración que deban acompañarse a esta puedan presentarse a través del registro electrónico de la AEAT o en el registro presencial de la AEAT. Cuando los contribuyentes deban acompañar a la declaración alguna documentación adicional, la presentación electrónica de la declaración requerirá que la citada documentación adicional se presente, en forma de documentos electrónicos, en el registro electrónico de la AEAT.

A partir del 1 de julio de 2019 no se podrá efectuar la presentación electrónica de las declaraciones del IRPF del ejercicio 2014.

Borrador de declaración del IRPF del ejercicio 2014

Cabe destacar las siguientes novedades:

a) Obtención del borrador: al igual que ocurrió en el ejercicio anterior, se incluyen dentro del colectivo de contribuyentes a los que la Administración tributaria puede poner a disposición, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración: aquellos que obtengan la renta básica de emancipación; los que obtengan subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas; los que obtengan pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; los que deban declarar rendimientos procedentes de la imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho inmuebles; así como los que obtengan rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario a través de entidades en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o participes.

Desde hoy ( 7 de abril de 2015), la AEAT pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o datos fiscales de la declaración del IRPF por medios telemáticos, a través de la sede electrónica de la AEAT, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es.

Para obtener el número de referencia que les permita acceder por Internet a su borrador o datos fiscales, los contribuyentes deben comunicar su NIF, el importe de la casilla 415 de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2013 (base liquidable general sometida a gravamen), y el número del teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de referencia del borrador o de los datos fiscales. Con dicho número los contribuyentes pueden acceder a sus datos fiscales y al borrador y, en su caso, confirmar este último, con o sin modificación. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta debe hacerse constar también el NIF del cónyuge. A tal fin, la AEAT adoptará las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de la persona o personas que solicitan el número de referencia, así como, en su caso, la conservación de los datos comunicados.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles de la AEAT, la puesta a disposición del número de referencia del borrador o, en su defecto, de los datos fiscales también se lleva a cabo mediante mensaje SMS por el que se comunicará el número de referencia que le permita acceder a los mismos por Internet. Asimismo, a los contribuyentes incluidos en el sistema de notificación electrónica se les remitirán los resultados de su borrador o, en su defecto, los datos fiscales a su dirección electrónica habilitada.

Los contribuyentes que dispongan de certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de Firma Electrónica que resulte admisible por la AEAT según la normativa vigente en cada momento o bien de un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, pueden acceder directamente a su borrador o a los datos fiscales a través de la sede electrónica de la AEAT en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», en cuyo caso no es preciso hacer constar el importe de la citada casilla 415. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta es necesario que ambos cónyuges dispongan del correspondiente certificado electrónico reconocido o código de acceso en un registro previo como usuario.

La Agencia Tributaria remitirá, por correo ordinario, el borrador de la declaración, o en su caso los datos fiscales, a aquellos contribuyentes que hubieran solicitado expresamente el envío por correo marcando la casilla correspondiente en su declaración del IRPF del ejercicio 2013, siempre que el borrador o los datos fiscales no se hubiesen obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriormente citados.

b) Modificación del borrador: la solicitud de modificación del borrador puede realizarse a través de alguna de las siguientes vías:

– Por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la AEAT, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. La modificación del borrador también puede realizarse por medios electrónicos utilizando certificados electrónicos reconocidos emitidos de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la AEAT según la normativa vigente en cada momento o bien mediante el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario. En el supuesto de modificación del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta es necesario que ambos cónyuges dispongan del correspondiente certificado electrónico reconocido o código de acceso en un registro previo como usuario.

– Por medios electrónicos, a través del teléfono, mediante llamada al número 901 200 345.

– Mediante personación en cualquier Delegación o Administración de la AEAT.

Asimismo, puede solicitarse la modificación en las oficinas de las Administraciones tributarias de las CCAA y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la AEAT un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.

c) Confirmación del borrador: la confirmación por vía electrónica, ya sea a través de Internet o por teléfono, puede efectuarse, cualquiera que sea su resultado (a ingresar, a devolver o negativo) a partir de hoy (7 de abril) y hasta el 30 de junio de 2015, ambos inclusive.

Si la confirmación del borrador de declaración se efectúa por alguna de las restantes vías, cualquiera que sea su resultado (a ingresar, a devolver o negativo), el plazo para realizarlo es el comprendido entre el día 11 de mayo y el día 30 de junio de 2015, ambos inclusive.
En todo caso, si el resultado del borrador de declaración arroja una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta, la confirmación del mismo no podrá realizarse con posterioridad al día 25 de junio de 2015, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2015.

Los medios para la confirmación del borrador se mantienen en términos similares a los utilizados para la declaración del ejercicio anterior, con la salvedad de que, si se utilizan medios electrónicos, a través de Internet, el contribuyente debe utilizar un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la L 59/2003, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la AEAT según la normativa vigente en cada momento. Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges, los dos deben disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido. Alternativamente, puede utilizarse esta vía mediante la consignación del NIF del declarante, el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, y el correspondiente código de acceso o número de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Tributaria. En estos casos, la AEAT adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la confirmación del borrador de declaración.

Por último, destaca el hecho de que aquellos contribuyentes que presenten declaración por el IP, están obligados a utilizar la vía electrónica o la vía telefónica para confirmar, en su caso, el borrador de la declaración. Además, en los supuestos de confirmación del borrador con resultado a ingresar con domiciliación bancaria y con resultado a devolver o negativo (excluyendo en estos dos últimos casos la confirmación mediante mensaje SMS), los contribuyentes, al confirmar el borrador de declaración, pueden aportar los datos del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la cuenta a la que debe realizarse la devolución o se domicilie el ingreso o, en su caso, modificar los que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración. No obstante, la modificación por medios telefónicos del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) sólo es posible mediante llamada al número 901 200 345.

Normas para la valoración de inmuebles de naturaleza urbana (Castilla-La Mancha)

Con efectos desde el 26-2-2015 (Orden Castilla-La Mancha 17-02-2015, DOCLM 25-02-14), se aprueban las normas para la aplicación de los medios de comprobación del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana a efectos del ITP y AJD e ISD aplicables en 2015 en Castilla-La Mancha. En concreto, se recoge:

a) Medios de comprobación: de conformidad con el art. 57 LGT, se recogen los siguientes medios de comprobación en el siguiente orden: precios medios de mercado; valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas; precio, contraprestación pactada o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien en el período de un año y dictamen de peritos.

b) Determinación de los valores medios en el mercado: se aprueba la metodología para la obtención de estos precios medios de los bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados a uso residencial, incluidos los anejos y superficies recogidos, junto con la edificación principal, en la misma referencia catastral.

c) Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas, de conformidad con la L 2/1981.

d) Precio, contraprestación pactada o valor declarado en otras transmisiones del bien realizada en el plazo de un año desde la fecha del devengo del impuesto, de conformidad con el RD 1065/2007 art.158.4.

Por último, se recoge la posibilidad de que los interesados soliciten a la Administración la información sobre el valor a efectos fiscales del inmueble o inmuebles objeto de adquisición o transmisión, pero exclusivamente a efectos del ISD e ITP y AJD, mediante los modelos aprobados al efecto.

A efectos del acceso a dichos precios medios, pueden ser consultados en el Portal Tributario de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, así como en la dirección http://www.jccm.es/tributos

NOTA: Respecto a los precios medios determinados, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

a) El valor resultante puede ser utilizado como medio de comprobación por la Administración tributaria, por los interesados como valor a consignar en la autoliquidación y en la información previa a facilitar por los obligados tributarios respecto de un inmueble que vaya a ser adquirido o transmitido.

b) Este medio de comprobación no resulta aplicable en los siguientes casos:
– cuando el valor determinado sea inferior al valor declarado por el interesado o al precio o contraprestación pactada en el acto o negocio que dé lugar al hecho imponible;
– cuando el valor declarado o determinado mediante la aplicación de los precios medios exceda de 300.000 euros;
– cuando se trate de edificios sin edificar, inmuebles en construcción en estado ruinoso en su totalidad, o cuando al valor catastral de la construcción sea inferior al 20% del valor catastral total;
– cuando siendo de aplicación los tipos de gravamen reducidos (Ley Castilla- La Mancha 8/2013 art.19.2 y 21.2 y 3), el valor determinado por este medio sea inferior al asignado en la tasación de la finca a efectos de hipoteca;
– en el caso de edificaciones singulares de carácter histórico o artístico;
– cuando el bien que se pretende valorar carezca de referencia catastral;
– cuando se trate de inmuebles con precio máximo de venta fijado por la Administración o en subasta judicial; y
– cuando el adquirente o transmitente sea una Administración pública, un organismo autónomo o una entidad del sector público.

Plan Anual de Control Tributario y Aduanero

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero es fundamental, en cuanto marca y establece las líneas prioritarias de actuación de la Agencia Tributaria para el año en curso. Contiene los principios generales que lo inspiran y una referencia a las actuaciones de prevención y control del fraude más relevantes articuladas en torno a tres grandes ejes:

1) La comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero. En 2015 la Agencia Tributaria centrará su atención en los sectores o tipologías de fraude siguientes: economía sumergida; investigación de patrimonios en el exterior; planificación fiscal internacional; economía digital; prestación de servicios de alto valor; fraude organizado en tramas de IVA; control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específica; control de productos objeto de Impuestos Especiales; control de los impuestos medioambientales; control aduanero; y prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.

2) El control del fraude en la fase recaudatoria. El control del fraude en esta fase en 2015 irá dirigido a la potenciación de las siguientes actuaciones y mecanismos de prevención y control: control de la utilización de la figura del aplazamiento o fraccionamiento de deudas; detección de supuestos de responsabilidad de las deudas pendientes de pago, tanto en casos de solidaridad como de subsidiariedad; intensificación y agilización de la gestión de las deudas afectadas por procesos concursales; ultimación del punto neutro para actuaciones de gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales; impulso del número de acciones penales interpuestas por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible; intensificación de la coordinación con otras áreas liquidadoras, gestoras, aduaneras o inspectoras, con el fin de detectar anticipadamente el fraude recaudatorio; agilización de tiempos de gestión de las deudas en fase de embargo, que anticipen los resultados e impidan dilaciones innecesarias del procedimiento, especialmente las relacionadas con la vigencia de recursos interpuestos que dilaten la firmeza de las liquidaciones; y continuación en los controles sobre la posible actividad de deudores que hayan resultado insolventes con el fin de detectar posibles solvencias sobrevenidas, así como la participación directa o indirecta de dichos deudores fallidos en nuevas sociedades mercantiles.

3) La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. La planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control será otra área de atención preferente. En este ámbito, destacan:
a) Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del IRPF, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas, partiendo especialmente de la información suministrada por dichas Comunidades.
b) IP correspondiente a ejercicios no prescritos y su relación con el ISD, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos, incluidos los situados en el extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a presentar declaración.
c) Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por el IVA o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales» del ITP y AJD.
d) Operaciones societarias más relevantes declaradas exentas del ITP y AJD por haberse acogido al régimen fiscal especial de la LIS Título VII capítulo VIII.
e) Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el ISD, a través de la comprobación de la principal fuente de renta.
f) Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las cooperativas.
g) Domicilios declarados y sus modificaciones.