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Introducción 

El Convenio UNIDROIT concede una “acción de restitución” del bien cultural robado o una “acción de devolución” del bien ilegalmente exportado, con la finalidad de lograr que el bien cultural vuelva al país de origen. No regula cuestiones relativas a la propiedad del bien, ni concede acción alguna al tercer adquirente de buena fe. España se adhirió al Convenio Unidroit el 9 de mayo de 2002 (BOE 248, de 16.10.2002).

Entre los Estados Miembros UE, la Directiva 2014/60/UE, de 15 de Mayo (DirRBC) prevalece sobre el Convenio Unidroit. Sin embargo, igual que su precedesora (la Directiva 93/7/CEE, ya derogada), se inspira en el citado Convenio y concede igualmente una acción de restitución y una acción de devolución de los bienes culturales al país de origen, con independencia de las acciones que puedan corresponder al adquirente o propietario del bien de procedencia ilícita. La DirRBC fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 1/2017, de 18 de Abril (LRBC). Junto a ella deberán tenerse en cuenta los Reglamentos UE sobre cooperación judicial en materia civil.

Además de esta normativa, y dado que los hechos que motivaron la salida del bien de su país de origen serán en numerosas ocasiones constitutivos de delito, deberán tenerse en cuenta las normas penales, procesales penales y de cooperación judicial penal aplicables al caso. En el marco del proceso penal, será también posible solicitar y acordar el embargo preventivo del bien y su posterior restitución al Estado de origen.  De nuevo, las normas aplicables a la cooperación judicial penal serán distintas según el país de origen o destino sea un Estado Miembro UE o un tercer país.

Para el caso de tratarse de terceros países, el Convenio del Consejo de Europa de 2017 ha venido a reforzar la respuesta penal y procesal penal frente a la destrucción y el tráfico de bienes culturales, si bien habrá que esperar un poco más para alcanzar un número razonable de ratificaciones.

En lo que se refiere al proceso penal, será posible acumular la acción civil de restitución del bien al proceso penal. Entre los Estados miembros UE, tendrán especial relevancia la Directiva sobre la OEI, la Directiva sobre el embargo y confiscación de bienes. Instituciones como Eurojust y la Oficina española de Recuperación de Activos pueden también jugar un papel importante.