Un microeconomista en el juzgado

Les comentaba en la entrada anterior… que nos estamos empeñando (con  ímprobo esfuerzo, digno de mejores causes) en en sustituir la «buena vida» (la que merece ser vivida, que nos ennoblece y nos hace moralmente felices) por «pegarnos la buena vida» (dedicada al mero consumo placentero). Pese a la constatación diaria y mediática de esta imparable transformación sociocultural, sigo sorprendiéndome cuando veo cómo servidores públicos decidan arriesgar la dignidad y honores del cargo por corruptelas de de sainete. Aunque no me guste para nada la expresión; podría decirse que nuestros servidores públicos son mediocres y cutres hasta para delinquir. Todo esto viene a cuento del famoso caso de los trajes de la trama Gürtel y de la curiosa disposición judicial al respecto de los mismos que publicaba el diario el país (aquí).

Disponen los jueces que los trajes deben entregarse a entidades benéficas, con lo cual 18 prendas por valor de 13.500€ vestirán a otros tantos necesitados. Una decisión que podría parecer oportuna e incluso solidariamente justa pero que cualquier buen microeconomista tacharía de disparate y desperdicio de recursos por el alto coste de oportunidad envuelto en la operación. Me explico, que el beneficio revierta en entidades benéficas es una decisión estupenda; ahora bien que sólo 18 personas se beneficien es una aberración económica. ¿cuanto dinero podría sacarse en una subasta pública por trajes de tan alta calidad e incluso valor mediático? Coleccionistas y fetichistas hay de todos los gustos y seguro que pagarían un buen dinero por acceder a estos trajes; y aunque no fuera así el valor de mercado seguro que es sustancial en tiendas de segunda mano de ropa de calidad. No sé la cifra final que se podría obtener por los dichosos trajes, pero seguro que unos buenos miles de euros con los que vestir a mucha, mucha gente necesitada.
En definitiva, vestir de Milano y forever Young a 18 personas es un disparate, como cualquier alumno de Microeconomía sabe perfectamente.
Parece necesario pues, poner un  microeconomista en el juzgado, o al menos dar un par de cursos de formación al respecto.

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