La desistitucionalización de España.

Como ya les comentaba en una entrada anterior (aquí) está haciendo fortuna la tesis sobre las «instituciones inclusivas y extractivas» para explicar «por qué fracasan las naciones«. La idea básica es que las primeras sientan las bases del desarrollo, mientras que las segundas benefician sólo a grupos o élites determinadas. Entre las primeras destaca: las garantías sobre la propiedad privada, un sistema legal imparcial y una provisión de servicios públicos que beneficia a todos por igual y donde todos pueden intercambiar libremente. Estas instituciones alientas la inversión y conducen al desarrollo. Por el contrario, las instituciones extractivas, extraen la riqueza de la comunidad en beneficio de unos pocos que ejercen toda sus influencia para perpetuar sus beneficios particulares. César Molins ha desarrollado una versión castiza de la teoría, capitalismo castizo lo llama, en el que denuncia cómo este país lo controlan un grupo de selectas estirpes empresariales con conexiones políticas (puertas giratorias se les denomina ahora) que han ido haciendo fortuna al amparo del BOE. De hecho parte de la moderna «armada invencible» española: Telefónica, Repsol, Tabacalera, Endesa… sólo se entiende a partir de los proceso de privatización y de las contratas públicas.

Transparencia

Toda esta introducción no es sino un pretexto para alertar sobre los peligros de las instituciones/políticas/élites extractivas que presionan al gobierno de turno o capturan al regulador (como se dice más sofisticadamente en economía) para que legisle en su poder. En este sentido los 3 años de gobierno del PP han sido especialmente nefastos; lo cual no quiere decir que el PSOE no tenga pecados que purgar en este sentido. Bien por presiones de grupos de interés o bien por política partidista, el PP no ha dejado de minar la independencia de instituciones garantes y protectoras de los intereses generales. Como muestra un botón (o varios):

– El gobierno aprobó a final de año el denominado canon AEDE también conocido como «Tasa Google». Ampliamente criticado en redes sociales, que motivó el cierre de Google News en España (único país en el mundo) y que pretende beneficiar (si al final lo hace) a un selecto grupo de editores.

– Todo el sistema de regulación de la tarifa eléctrica, no es sino una concesión a uno de los lobbies más importantes del país. Para ser rigurosos, el PSOE también tendría que hacer penitencia en este sentido. Si les interesa el tema (aqui).

– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de reciente creación tras fusionar los organismos reguladores y autoridades de competencia suscita dudas sobre su ideonidad (aquí). Si bien su presidente parece que está haciendo valer su independencia, lo cual no está gustando al gobierno, de nuevo activista en favor de los grandes (aquí)

Pero lo más llamativo es la instrumentalización política de instituciones de las que, hasta ahora, nadie dudaba. El caso de la Agencia Tributaria es para nota. La ridiculez del informe «por imperativo legal» ante la petición del Juez Ruz en el caso de los papeles de Bárcenas para exonerar al PP no tiene nombre. Lástima de los técnicos y excelentes profesionales de hacienda que se ven obligados a navegar bajo esa bandera.

El penúltimo caso (el último está por llegar) es el del gobernador del Banco de España que sostiene que la austeridad y los recortes son patrióticos. El adjetivo desde luego le ha quedado fino. Patriótico. Máxime teniendo en cuenta que los beneficios de la austeridad son discutidos todavía a nivel académico por muchos economistas e instituciones nada sospechosas (aquí). Aunque para ser justos, el Banco de España nunca escapó a los afanes de control del PSOE.

En fín que en vez de apostar por instituciones estables, independientes, garantistas y que den certeza a los ciudadanos… mejor vamos cortándolas a nuestra medida y ponemos a amiguetes en ellas.

 

 

Deja un comentario