Alicia Gil Gil
Profesor titular de Derecho penal. UNED

El Derecho penal internacional es la rama del ordenamiento internacional cuya misión es proteger los bienes jurídicos más importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión más graves mediante normas dirigidas a los individuos cuya infracción genera la responsabilidad penal individual de los mismos en Derecho internacional. Aunque sus orígenes filosóficos y doctrinales son muy antiguos su primera aplicación práctica puede verse en los juicios de Nuremberg y Tokio. Otros intentos anteriores de exigir responsabilidad penal al individuo por la infracción de normas internacionales no habían tenido éxito. Los procesos subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial han sido, sin embargo, objeto de numerosas críticas por infringir gravemente principios fundamentales del Derecho penal moderno. Tras la actuación del Tribunal de Nuremberg comenzaron en el seno de Naciones Unidas los trabajos de elaboración de un Código penal internacional y un Estatuto del tribunal penal internacional, que se prolongaron durante más de cincuenta años, ralentizados por la Guerra Fría y por las discrepancias acerca de la definición del crimen de agresión. Tras el naufragio de varios proyectos, y cuando la empresa parecía ya inviable, la Comunidad internacional asistió a un acontecimiento que hizo revivir el interés y la confianza en aquellos trabajos: la constitución en 1993 y 1994, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de tribunales ad hoc para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos en los conflictos de la ex Yugoslavia y de Ruanda y sus Estados vecinos. Al mismo tiempo diversas jurisdicciones nacionales, entre ellas y con especial protagonismo la española, inician variados procesos con base fundamentalmente en el principio de jurisdicción universal, por la comisión de crímenes internacionales fuera de sus fronteras (casos contra las dictaduras argentina y chilena, caso Guatemala, etc.). Todo ello genera sin duda una opinión pública internacional favorable a la conclusión con éxito de los trabajos de creación de un tribunal penal internacional, cuyo Estatuto fue concluido por fin en julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002.

El Estatuto de la Corte penal internacional contiene una parte material y otra procesal, es decir, ha refundido en un solo texto los dos proyectos que venían elaborándose. La parte material es un auténtico Código penal internacional con una parte general y otra especial. Los crímenes competencia de la Corte se limitan a los más graves y reconocidos como pertenecientes sin duda al Derecho penal internacional: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión, si bien la competencia sobre este último se pospone hasta que se llegue a un acuerdo sobre el contenido del mismo. La competencia de la Corte se limita a los hechos producidos tras su entrada en vigor y que o bien hayan sido cometidos en el territorio de un Estado parte en el Tratado internacional que la crea, o bien hayan sido cometidos por las personas nacionales de un Estado parte, o bien no siendo parte el Estado del territorio o de la nacionalidad del autor, den su consentimiento para que la Corte conozca del asunto. Ahora bien, si el procedimiento es iniciado por el Consejo de Seguridad actuando en el marco del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas la Corte tendrá competencia en cualquier caso, aunque hoy en día es prácticamente imposible que se utilice esta vía dada la oposición de los EEUU a la Corte. Además la Corte tiene una competencia complementaria, cediendo la preferencia a las jurisdicciones internas e interviniendo sólo cuando las jurisdicciones nacionales competentes no puedan o no quieran hacerlo por motivos jurídicos, políticos o fácticos.

En la parte general se recogen los principios generales del Derecho penal internacional, las formas de autoría y participación y los grados de desarrollo del delito punibles, las posibles eximentes y atenuantes, imprescriptibilidad, penas aplicables, etc. Completan la regulación del Estatuto otros textos relativos a muy diversos temas, entre los que destacan los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Tras la aprobación del Estatuto de la Corte penal internacional se ha abierto en los diferentes Estados miembros un proceso de adaptación de las legislaciones internas a las exigencias de cooperación con la Corte, que por lo general ha supuesto la incorporación de las figuras y de diversas previsiones recogidas en el mismo en los códigos penales o en leyes penales especiales internas, y la elaboración de leyes de cooperación con la Corte que regulan los aspectos procesales. Al mismo tiempo, sin embargo, hemos asistido a la actividad política y legislativa de determinados países en sentido contrario, en especial de Estados Unidos, que ha tomado una serie de medidas, firmado acuerdos internacionales y promulgado legislación destinada a impedir el trabajo de la Corte.

El éxito de la Corte penal internacional, cuya creación supone sin duda un gran paso en el camino de la Justicia y de la protección de los Derechos humanos, depende hoy en gran medida de las posibilidades de financiación de los Estados Parte, de la cooperación de los Estados en general y de la habilidad del fiscal para elegir y encauzar los casos.

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