Adán Nieto Martín
Marta Muñoz de Morales Romero
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional (UCLM)

El área temática Derecho Penal Europeo pretende proporcionar información legislativa, jurisprudencial y doctrinal sobre la construcción del espacio penal y judicial europeo elaborada por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con el apoyo del Programa AGIS de la Unión Europea.

La Unión Europea que conforma un espacio de integración supranacional particularmente intenso ha participado muy activamente en el proceso de internacionalización del Derecho penal sin precedentes. A pesar de no contar con un Derecho penal semejante al de los Estados miembros, ha generado distintas formas de influencia sobre los Derechos penales nacionales (europeización del Derecho penal nacional) y está conformando un Espacio Judicial europeo dotado de instituciones propias cuya finalidad es coordinar y cooperar con las autoridades judiciales y policiales nacionales. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 y que entrará en vigor una vez ratificado por todos los Estados Miembros reafirma las competencias penales de la UE.

Las formas de influencia sobre el Derecho penal nacional son la asimilación, el principio de primacía del Derecho comunitario, que produce los denominados efectos negativos sobre el Derecho penal nacional, y la armonización. El principio de asimilación obliga a los Estados miembros a proteger los bienes jurídicos comunitarios (por ejemplo, la Hacienda Pública europea) de forma semejante a la que tutelan sus propios intereses y, en cualquier caso, de forma eficaz proporcionada y suficientemente a la que tutelan sus propios intereses y, en cualquier caso, de forma eficaz proporcionada y suficientemente disuasiva (art. 280.4 TUE y III-321.4 Tratado de Constitución europea). El Derecho comunitario (Reglamentos, Directivas y TCE) además de tener eficacia directa está dotado de primacía en relación a los ordenamientos internos. Ello significa que el juez interno no puede aplicar una norma jurídica nacional que resulte contraria a lo dispuesto en una norma comunitaria. Las Leyes penales no son una excepción. En muchos supuestos las conductas prohibidas por el Derecho penal o sancionador administrativo nacional entran en colisión con disposiciones de la UE o restringen indebidamente libertades comunitarias (libre circulación de mercancías, de servicios, personas y capitales). La tercera forma de influencia del Derecho de la UE sobre los Derechos nacionales es la armonización o aproximación de legislaciones. El objetivo de la armonización es crear figuras delictivas homogéneas, que no iguales, tanto en lo concerniente a la descripción de la conducta prohibida como en su caso a las sanciones. La armonización puede hacerse en la actualidad tanto a partir de Directivas, dentro del denominado ¿primer pilar¿ del TUE, o en el denominado ¿tercer pilar¿, mediante Tratados internacionales (art. 34.2, de TUE), o sobre todo tras el Tratado de Ámsterdam, mediante Decisiones marco (art.34.2 b TUE). La armonización hasta ahora ha afectado a tipos pertenecientes al mercado de valores, delitos contra el medio ambiente, falsificación del euro y otros medios de pago, delitos contra la Hacienda pública europea), pero también a formas especialmente graves de criminalidad como el tráfico ilegal de personas, el terrorismo o la criminalidad organizada. A este instrumento jurídico se dedica toda una subsección en Fundamentos del sistema europeo de derecho penal.

Los arts. 29 y ss. Del TUE establecen el denominado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia cuyo objetivo es «ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad» a través de la cooperación entre las fuerzas policiales, las autoridades judiciales y la aproximación de las normas penales. Aunque la idea del Espacio judicial europeo fue formulada ya en 1977 por Valérie Giscard d¿Estaing, su desarrollo sólo se ha producido con los Tratados de Maastricht (1992), Ámsterdam (1997) y Niza (2001) (vr. Fundamentos del Sistema europeo de Derecho penal-> Actores e instituciones). La cooperación policial se ha efectuado mediante la creación de Europol y numerosos preceptos del Tratado de aplicación Schengen. La UE no dispone de una auténtica policía federal, como el FBI norteamericano, pero ha creado un sistema de intercambio de información entre las diversas policías estatales destinado tanto al descubrimiento de infracciones ya cometidas como a la prevención de actividades delictivas. En el ámbito de la cooperación judicial la institución más importante es Eurojust (art. 31.2 TUE) cuyo objetivo es contribuir a ¿una adecuada coordinación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros¿ en los casos de criminalidad transfronteriza grave. En la Legislación comunitaria relativa a la cooperación judicial se distinguen claramente dos etapas separadas por el Consejo europeo de Tampere (1999). La primera fase estuvo marcada por el intento de mejorar los instrumentos de cooperación judicial clásicos como la asistencia judicial (Convenio de asistencia mutua en materia penal entre los Estados miembros de la UE y la extradición, creando procesos de extradición más sencillos, sobre todo cuando existe consentimiento de la persona que va a ser extraditada). El principio de reconocimiento mutuo, que encuentra un antecedente en el art. IV.I de la Constitución de los Estados Unidos de América, implica una superación de los instrumentos clásicos de cooperación internacional. El contenido esencial de este principio radica en que cualquier decisión judicial emitida de un Estado miembro ha de tener validez en cualquier otro Estado miembro. La Decisión marco mediante la que se establece la orden de detención europea es la principal y por ello se hace un seguimiento exhaustivo de la misma a lo largo de este portal (vr. Orden de detención y entrega europea). No obstante, conviene señalar que no es la única manifestación del mencionado principio ocupando también un lugar destacado la Decisión marco sobre el embargo de prueba o la Decisión marco sobre la obtención de pruebas en materia penal (vr. Cooperación y asistencia judicial).

Por último, el estudio del Espacio judicial europeo quería incompleto sino se incluyese una detallada selección de jurisprudencia tanto de los principales tribunales de la escena europea, a saber, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como de otros tribunales nacionales de algunos Estados miembros, destacando, entre otras, sentencias relativamente recientes como la del TJCE en el asunto María Pupino o Comisión vs. Consejo.

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