VIII Edición del Congreso Internacional sobre Contratación Pública. Javier Miranzo

La VIII Edición del Congreso Internacional sobre Contratación Pública abría el año natural en el sector con un análisis de los primeros meses desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017. Este año en el Congreso se han estudiado algunos de los aspectos más relevantes y problemáticos de la aplicación de la Ley.

Este año, el Paraninfo del Campus de Cuenca de la UCLM volvió a reunir a más de 500 asistentes en un evento organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Observatorio de Contratación Pública, impulsado por Wolters Kluwers, patrocinado por SPAI Innova, y en el que colaboraron entidades como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Unión Europea, el Gobierno de España, Noticias Jurídicas, el Máster en Contratación Pública de la UCLM y la Red Iberoamericana de Contratación Pública.

El Congreso estrenaba este año la modalidad de talleres prácticos en la tarde del 16 de enero, en el que Pilar Batet y Alberto Robles analizaron aspectos esenciales para la gestión de la compra pública como son la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas particulares y cómo se debe llevar a cabo un informe de valoración.

La mañana del jueves 17 de enero se abría con el acto de inauguración, llevado a cabo por la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UCLM, María Ángeles Zurilla, la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Amparo Merino, y los Directores del Congreso, José Antonio Moreno e Isabel Gallego. Tras el mismo, los directores del Congreso, la profesora Isabel Gallego y el profesor José Antonio Moreno, realizaron un análisis global del año transcurrido desde la entrada en vigor de la ley en la que pusieron de manifiesto un cúmulo de aciertos, errores, certezas e incertidumbres de la situación actual, los cuales sirvieron de base para el posterior análisis de las cuestiones específicas que conformaron el programa del Congreso.

A lo largo de los diez paneles que componían en programa se abordaron temas tan trascendentales como los aspectos económicos del contrato, las alternativas existentes al contrato menor, la contratación electrónica, el papel de las empresas en la contratación, los riesgos de la ejecución, así como cuestiones de transparencia, medio ambiente y cohesión social en los contratos.

El acento se puso, con carácter general sobre la necesidad de adoptar una nueva forma de aproximar la gestión de la compra pública. La mayoría de ponencias defendían, de una u otra forma, que la nueva regulación trae consigo un cambio de paradigma al que la gestión diaria debe adaptarse. Hay que superar, como mencionó Javier Vázquez Matilla, el miedo a la LCSP. El gestor debe pasar de una posición reaccionaria a una posición activa, colaborativa y de impulso.

La contratación pública ha experimentado un cambio en su naturaleza en los últimos lustros que deriva en un uso estratégico de la contratación, lo que implica gestionar y ponderar intereses más amplios. Esta nueva aproximación exige que la Administración, y los administradores, adopten un papel necesariamente activo en la interpretación y aplicación de la norma con arreglo a los fines e intereses no sólo de sus administrados, sino del bien común en un sentido más amplio y más general. Aspectos como la competencia en un sentido amplio, la integridad, el medio ambiente o la cohesión social exigen mirar a la contratación pública desde una óptica diferente.

En lo que se refiere a las consecuencias en nuestro territorio, debe cambiar la concepción del contrato menor. Ya no se trata únicamente de la cuantía, que es el criterio formal principal que impone la Ley para limitar su uso, sino de asumir el carácter excepcional y potencialmente residual de este tipo contractual. Para ello, la Ley pone a disposición del órgano de contratación herramientas de compra alternativas como acuerdos marco, subastas electrónicas, sistemas dinámicos de adquisición y otros sistemas de racionalización de la compra pública.

Por su parte, la transformación electrónica no puede llevarse a cabo desde un punto de vista meramente formal. Como afirmaron José Antonio Moreno Molina y Rubén Martínez, este cambio debe ser material radical y de fondo. Debe suponer, en definitiva, una verdadera revolución tecnológica, que, lejos de implementar formalmente las exigencias legales, haga frente a problemas como la interoperabilidad o la transparencia efectiva.

Las condiciones de ejecución de los contratos deben ser claras de cara a facilitar su cumplimiento, y entre ellas debe haber cuestiones ambientales, sociales o de innovación siempre que sea posible. 

En cuestiones ambientales, sociales y de transparencia se hace especialmente evidente la transformación de la legislación de contratos hacia la defensa de intereses generales más amplios. Como pusieron de manifiesto la profesora Consuelo Alonso, Elena Hernández y Belén López, las cuestiones ambientales y sociales, cuya inclusión promueve la norma en todas las fases del contrato, requieren de un ejercicio valorativo por parte de las entidades adjudicadoras que va más allá de la propia norma y que se ve legitimado por los principios de no discriminación y de vinculación al objeto del contrato.

En lo que se refiere a la transparencia, se puso de manifiesto cómo el sistema legal de contratos exige evaluar el fin de la información divulgada, de manera que al tradicional destinatario de la misma, debe sumarse la ciudadanía como agente de supervisión y control. Para ello, la transparencia necesita ser comprensible, útil y eficaz, lo cual depende en gran medida de cómo y dónde se publican los datos, pero también de otros instrumentos de participación en la toma de decisiones como las consultas preliminares al mercado. En un mundo globalizado, las administraciones deben ser conscientes de que sus decisiones tienen consecuencias más allá de su ámbito de actuación. Y esto legitima que el papel activo que se viene reclamando no lo sea únicamente desde el sector público, sino desde la propia ciudadanía y la empresa privada, que se convierten en nuevos actores hacia la eficiencia y la integridad.

Una nueva forma de interpretar las normas, más funcional y menos formalista, que debe tender a superar la contratación burocrática para llegar a una contratación estratégica y eficiente sin renunciar a la seguridad jurídica. El cambio de paradigma pasa por una correcta planificación de la gestión contractual. Para ello deben realizarse análisis, previsiones y estudios adecuados. Debe dejarse lo imprevisible para lo imprevisible. En este sentido, en el último panel del Congreso, María José Santiago y Carlos Balmisa pusieron de manifiesto cómo el futuro de la contratación pública pasa por una correcta evaluación y planificación, no sólo a nivel contractual sino en lo que se refiere a la supervisión global del sistema. Las nuevas tecnologías, el Big data, o la inteligencia artificial, pueden marcar el devenir de la futura estrategia de contratación, que estará dirigida por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública.

La nueva realidad otorga un importante poder discrecional a la Administración a la hora de implantar políticas de contratación pública, pero también una consecuente responsabilidad. La motivación, la buena administración, y el resto de principios de la contratación pública cobran aquí un papel principal. 

La motivación y la justificación material de las decisiones debe dejar atrás la legitimación puramente formal de las mismas, y las nuevas tecnologías deben servir para dotar de transparencia, pero también de eficiencia y de capacidad analítica global del sistema. El panel internacional y la intervención como conferenciante final del profesor López Olvera evidenciaron que el Derecho Público, y la contratación pública en particular, enfrentan problemas globales que exigen un diálogo entre ordenamientos para poder ofrecer soluciones coordinadas a una realidad comercial que transciende las tradicionales fronteras de soberanía nacional.

La Ley produce un marco, pero no produce los cambios por sí misma. La actual Ley exige para su correcta implementación un cambio de pensamiento y una nueva filosofía en la contratación pública hacia un Derecho Administrativo basado en la gestión y la toma de decisiones que sea capaz de coordinar su actuación y evaluar sus consecuencias más allá de nuestras fronteras.

En definitiva, en el Congreso Internacional Sobre Contratación Pública se puso de manifiesto que el sistema de contratación pública ya ha cambiado, y el nuevo marco legal nos abre la puerta hacia una nueva forma de gestión de los contratos públicos basada en la buena administración.

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